La Guardia Civil ha detenido a los responsables de un nuevo caso de explotación laboral a inmigrantes en el campo sevillano. Ha detenido a dos personas que captaron a varios refugiados senegaleses para someterlos a jornadas de trabajo interminables sin apenas remuneración en una explotación agrícola de Alcalá del Río.
Se acusa a los detenidos de delitos contra los derechos de los trabajadores extranjeros, hecho por el que también se investiga a un tercero. Además, también está abierta la investigación contra el propietario de otra explotación agrícola de Brenes, ya que declaró como testigo y faltó a la verdad en su testimonio, indican desde el Instituto Armado.
La investigación comenzó en mayo de 2003. Todo partió de la denuncia de un sindicato, que informó a la Guardia Civil del trabajo que varias personas habían desarrollado en una finca de Alcalá del Río sin recibir remuneración.
Los afectados eran todos de nacionalidad senegalesa y residían en un centro de acogida de inmigrantes que gestionaba la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).
Al realizar sus indagaciones y entrevistarse con ellos, descubrieron que habían sido captados por una pareja de nacionalidad nicaragüense para trabajar en la recolección de frutos en diversas explotaciones agrícolas de Sevilla.
Estas dos personas trabajaban como capataces de las cuadrillas y también estaban en situación irregular. Desde la Guardia Civil, explican que aprovechaban la situación de necesidad de las víctimas, sin permiso para trabajar, para imponerles condiciones laborales abusivas.
Les obligaban a desarrollar jornadas de trabajo muy largas y sin descanso. Recibían salarios muy por debajo de lo estipulado. Así, llegaron a contraer una deuda económica con sus trabajadores de más de 7.000 euros.
A pesar de todo, las víctimas manifestaban aceptar dichas condiciones laborales por encontrarse necesitados. Entre otras cosas, tenían que enviar dinero a sus familiares en Senegal, que dependían económicamente de ellos.
Otro empresario investigado
Dentro de la misma operación, que lleva a cabo el Grupo Roca de la Guardia Civil, también se investiga a un empresario agrícola español afincado en Brenes.
El motivo es que, pese a conocer la necesidad de las víctimas y que no tenían permiso de trabajo, los contrató a través de los dos detenidos para trabajar en varias de sus fincas.
Tampoco los daba de alta en la Seguridad Social. Así obtenía mayores beneficios económicos lo que repercutía negativamente en los trabajadores. No tenían derecho a asistencia sanitaria ni a ningún tipo de prestación por accidente de trabajo y enfermedad profesional.
De hecho, una de las víctimas sufrió un accidente laboral que le impidió seguir trabajando. Sin embargo, los investigados no le permitieron la asistencia médica y le instaron a seguir con sus tareas. Se le apercibió incluso de que no cobraría por ese día, indica el relato de la Guardia Civil.
El afectado solo pudo ser asistido cuando sus compañeros terminaron la jornada y los capataces los llevaron al centro de acogida donde residen. Fueron los empleados de este centro quienes lo llevaron a urgencias.
Los detenidos han sido puestos a disposición del juzgado en funciones de guardia de Sevilla, junto al resto de diligencias instruidas en la investigación.