La teoría de la conspiración que atribuye un fraude electoral a la disparidad de datos publicados en el escrutinio online del ministerio del Interior sufrió dos varapalos importantes a finales de la semana pasada. La primera, un post de Ignacio Escolar, director de eldiario.es, titulado 'El pucherazo' y desmontando precisamente los argumentos de la teoría. La segunda, las declaraciones de Pablo Iglesias atribuyendo los malos resultados de Unidos Podemos al "miedo al cambio" y en ningún caso al fraude electoral.
El hecho de que Interior no haya contabilizado todavía los datos del Censo Electoral de los Residentes Ausentes (CERA) una semana después de las elecciones supone una bocanada para los escépticos. Al principio se acusaba al ministerio de hacer "desaparecer" a cerca de dos millones de votantes al publicar cifras inferiores de votos y abstenciones en comparación al 20-D pero mantener idéntico el porcentaje con respecto al censo.
La conspiración ha evolucionado para mantener que el Gobierno ha eliminado a esos votantes del censo, lo que no es cierto: el voto CERA debe ser validado por la Junta Electoral en los días posteriores a las elecciones antes de ser incluido en el escrutinio final, al contrario que el voto por correo emitido desde España que se contabiliza al cierre del colegio electoral junto con los votos presenciales.
Para muchos votantes de Unidos Podemos los malos resultados han sido difíciles de digerir, más aún después de que todas las encuestas les prometieran un sorpasso al PSOE. En este contexto la teoría del 'tongo' encontró abono fértil, pero ha terminado deshinchándose al no encontrar respaldo entre los políticos y medios de referencia, que se han puesto del lado de las garantías del proceso electoral.
Así, una convocatoria difundida a través de mensajes de WhatsApp y en las redes sociales para salir a la calle el sábado y reclamar la auditoría del escrutinio no obtuvo respuesta. No fue secundada ni por la cuenta de Twitter @Anonymous_UE que desencadenó la teoría del 'tongo' al observar las discrepancias en la web de Interior entre los datos de 2015 y 2016.
Después de que estas diferencias se explicasen por el voto CERA, la cuenta atribuida a Anonymous borró los tuits de denuncia de fraude pero todavía mantenía una encuesta para pedir la repetición de las elecciones.
El parlamentario de ERC Gabriel Rufián sí se hizo eco del hashtag que hubiera servido para coordinar la manifestación, #FraudeEspaña26J, pero inmediatamente aclaraba que el fraude al que se refería era el escándalo de las conversaciones contra políticos independentistas en el ministerio de Interior y no a un fraude electoral.
En el tuit con la convocatoria de la manifestación hay un detalle significativo: la usuaria de Twitter se define como votante de Compromís. Precisamente su líder, Mónica Oltra, fue de las primeras en descartar el fraude electoral.
'Tongos', haberlos, haylos
Lo que sí han continuado tuiteando las cuentas de Anonymous y los usuarios indignados son las noticias sobre irregularidades en colegios electorales. Estos casos son ciertos, y son precisamente los mecanismos de control del proceso electoral los que permiten evidenciarlos. Se ha puesto en marcha incluso una web para recogerlos.
Así, uno de los casos más circulados corresponde a la validación de un millar de votos para Unidos Podemos por parte de la Junta Electoral Provincial de Toledo que fueron declarados nulos el 26-J en multitud de mesas electorales de la provincia por una pequeña diferencia en el logotipo de las papeletas. En unas aparecía el círculo de Podemos y en otras no. Esta corrección no ha alterado sin embargo el resultado electoral.
En Villatobas, Castilla-la-Mancha, el PP fue el beneficiario de la revisión por parte de la Junta Electoral. Se le sumaron algo más de 300 votos que habían sido "injustamente anulados", lo que convirtió al Partido Popular en ganador de las elecciones generales en esa localidad de 2.000 habitantes, un revés que no tuvo ningún efecto en los resultados generales.
La sospecha de delitos electorales planea tras fenómenos como el "acarreo de votos", es decir, la manipulación de personas con las facultades mentales afectadas pero con derecho a voto, o las presiones en el voto por correo. Algunos casos denunciados por rivales políticos y los medios han terminado en condena, como en el caso del PP de Melilla en las pasadas elecciones municipales y autonómicas, pero en general los mecanismos para detectar estas irregularidades son escasos.
En cualquier caso, al igual que las necesarias correcciones al escrutinio no afectan globalmente al escrutinio, los ejemplos de irregularidades citados no explicarían todo sumado - se cita incluso el robo de una saca de votos por correos en Moratalaz a mediados de junio que los ladrones, decepcionados, esparcieron a los cuatro vientos - un fraude masivo que hubiera supuesto el extravío de 1,2 millones de apoyos a Unidos Podemos.
Queda un último pie para la conspiración: la participación de la empresa Indra. Una noticia de El Confidencial alimenta las sospechas: La Fiscalía investiga desde julio a la trama que quería amañar el recuento de las elecciones. Pero el titular induce a confusión: como explica la propia noticia y reveló el EL ESPAÑOL, lo que la trama quería amañar era la concesión del contrato público para hacer el recuento, no el recuento en sí.
De hecho Indra no tendría margen para manipular los resultados. Tampoco el ministerio del Interior sobre quien - esta vez sí - políticos como Alberto Garzón cubrieron de sospechas tras el escándalo de las grabaciones. Los datos que se contabilizan proceden de las actas que se firman al cierre del colegio electoral y que supervisan los interventores de cada partido junto a los componentes de la Mesa y los representantes de la Junta Electoral. Se producen además tres copias del acta que son entregadas al Juzgado, una de ellos por correo. Si hay discrepancias entre el escrutinio publicado y lo que se anotó al cierre del colegio, resulta fácil comprobarlo.