El nuevo acceso a la FP en Andalucía deja sin plaza a 'alumnos brillantes'

“¿Alguien me puede explicar cómo con un 9,1, la máxima nota de todos los solicitantes, me he quedado sin plaza? ¡Es que no lo entiendo!”, exclama airado Antonio. Trata de resolver esa cuestión desde que salieron las adjudicaciones del ciclo formativo de grado superior para el que solicitó acceder. “Muchos se creen que es una broma”, ironiza. Pero no, es tan real como la ley que ha aprobado la Junta de Andalucía, que condena a los alumnos que en su día abandonaron sus estudios pero que ahora quieren volver a las aulas. “Es una chapuza”, critica.

Se refiere a la orden del 1 de junio de 2016 de la Junta de Andalucía, presidida por la socialista Susana Díaz, en la que se regulan los nuevos criterios de admisión de alumnos a ciclos formativos de grado medio y superior de formación profesional. De estos nuevos preceptos se desprende que tienen prioridad aquellos estudiantes que no hayan abandonado las aulas, que su edad se corresponda con el curso que rige el sistema educativo. 

Es decir, para acceder a un ciclo medio los chavales que tienen prioridad ahora, independientemente de la nota, serán los que hayan terminado la ESO el curso anterior. Al igual que la FP superior, donde serán alumnos prioritarios los que obtuvieron el título de Bachillerato el año académico anterior.

“La Junta de Andalucía me condena a no poder estudiar”, resume Antonio Tamayo, vecino de Prado del Rey (Cádiz) de 35 años. Se tomó un respiro cuando obtuvo con una calificación de 9,1 el título de Sistemas Microinformáticos y Redes en el año 2013. La norma vigente ese año establecía que para acceder a un ciclo formativo de grado superior tenía que pasar una prueba de acceso con una parte común y otra específica, que en su caso tenía convalidada. Pero él decidió zanjar por el momento su formación académica para ponerse a trabajar. Primero en tiendas de informática en su pueblo y en otros de alrededor, y luego en El Corte Inglés. “No me podía permitir seguir estudiando”, recuerda.

Tamayo Velázquez tiene 35 años y es natural de Sabadell. Fernando Ruso

Su sorpresa ha sido mayúscula cuando tras decidirse a retomar sus estudios se ha topado con el no de la Administración. “Ellos priman a gente que continúe con los estudios pero nos deja fuera a los que queremos volver”, esgrime. “Deberíamos partir todos de la misma línea de salida, y que decida la nota”, que en su caso es la más alta para obtener una plaza en el grado superior de Administración de Sistemas Informáticos que se oferta en el instituto Guadalpeña de Arcos de la Frontera. Lejos de obtener la ansiada plaza, Antonio ha quedado el décimo de la lista de espera y todo apunta a que se quedará fuera para el próximo curso. Alumnos con un 6,9 lo han adelantado.

"Nos condena a no poder estudiar”

Y su situación le irrita. “Si esto no prospera, me tendré que buscar trabajo fuera. Y todo por culpa de una ley chapucera e injusta que nos condena a no poder estudiar”, insiste a viva voz. Vive solo, independizado en un piso de su familia. Y ante tales perspectivas ha decidido ponerse en contacto con los partidos políticos, para que sepan de su situación. “Pero ninguno me ha contestado”, afirma. Tampoco recibe respuesta de la Consejería de Educación, a quien dirigió un escrito presentando sus alegaciones.

“Me he ganado sobradamente el puesto con mi nota”, reclama. “Me siento doblemente agraviado, primero por los alumnos que continúan sus estudios y me adelantan; y segundo por vivir en Andalucía”, la única comunidad autónoma que implementa esta baremación. “Tengo un amigo en Valencia en mi misma situación, incluso con la nota más baja, pero él ha conseguido la plaza y yo no”, detalla. “¡Me perjudica ser andaluz!”, denuncia.

“He hecho lo que debía hacer, lo que me han dicho los políticos, he seguido formándome para poder encontrar un buen empleo per se ve que lo que ellos dicen es solo palabrería barata”, critica Tamayo.

"Me han robado un año de vida”

En su misma situación, pero con algunos años menos está Álvaro Román, de 22 años y también vecino de Prado del Rey. Él finalizó un par de años antes que su compañero Antonio su ciclo medio, pero siguió estudiando y accedió a un grado superior de Desarrollo de Aplicaciones Web en Ubrique (Cádiz). Ahora, quiere ampliar su currículum con otro grado en Administración de Sistemas Informáticos pero no puede.

Álvaro Román Franco tiene 22 años y es de Prado del Rey (Cádiz). Fernando Ruso

La única opción, y está difícil, es ir a Cádiz, donde también se oferta esa titulación. “Pero es un coste que no puedo asumir”, confiesa. Vive con su madre y su hermana y no quiere perder todo un año en su camino a la emancipación. Echa su currículum sin éxito en empresas del sector, situación que esperaba que mejorase al ampliar la formación. “Quiero trabajar, necesito meter dinero en mi casa como sea”, afirma. Y se pregunta cómo es posible que accediese a su primer grado superior con apenas un cinco y ahora se le niegue lo mismo con un 6,5. “Me han robado un año de vida”, critica.

“No nos creemos todavía que, por la Ley actual, un titulo conseguido antes de 2013 valga menos que uno obtenido ahora”, se plantea. “Y el esfuerzo es el mismo”, subraya. “Le hemos dedicado mucho tiempo para que nos pongan estos impedimentos”, lamenta.

Ahora baraja cambiar de sector y apostar por la electrónica y la robótica. “Pero me espera todo un verano repleto de incertidumbre”, advierte.

LA JUNTA PRENTENDE EVITAR EL ABANDONO ESCOLAR

La Consejería de Educación informa que se ha acercado la oferta de Formación Profesional del curso 2016/17 al sector productivo andaluz, con el objetivo de adecuar estas enseñanzas a las demandas del mercado laboral. De esta manera, explican a EL ESPAÑOL, que se han actualizado los ciclos formativos para “adaptarse a las necesidades de formación de cada entorno productivo”. Además, insisten, “se ha renovado la oferta formativa para poder sustituir ciclos formativos con baja tasa de inserción laboral por otros con mayor demanda en el mercado de trabajo de cada zona”.

En cuanto a la admisión de este año confirma que se ha dado prioridad a la continuidad en los estudios de aquellos que acababan tanto la Secundaria como el Bachillerato, “evitando de esta manera el abandono escolar”.

Miguel Ángel todavía recuerda cómo ha superado en años a muchos de sus profesores. Tiene 49 años y quiere seguir estudiando. Pero tampoco se lo permiten. Abandonó sus estudios en sexto de la Educación General Básica (EGB) y lo único que consiguió fue el certificado de escolaridad.

De las aulas dio el salto a las barras. Después de varios meses de formación en el sector de la hostelería se puso a trabajar de camarero. Primero en Jávea, en la provincia de Alicante, después en Barcelona, Marbella, Canarias… También ha trabajado de cortador de jamón, de comercial, de panadero y de pintor “de brocha gorda” en la construcción. Hasta que explotó la burbuja inmobiliaria y se quedó en paro. Ahí decidió que debía retomar los estudios.

Un conocido le propuso trabajar de cartero pero su nuevo puesto le exigía tener al menos el título correspondiente a la Enseñanza Secundaria Obligatoria. Y Miguel Ángel se puso a estudiar. Ya con el graduado en la mano. Se vio con ganas de seguir ampliando sus conocimientos y se lanzó a por un grado medio. “Me dieron a elegir y tiré por la informática. Me compré mi primer ordenador con 40 años. No tenía ni idea”, recuerda. Todavía se acuerda de las veces que fue al instituto con la brocha y la pintura en el maletero. Después de clase tocaba trabajar. Y después estudiar. Sacó un 7,2 en 2013.

"A más formación, más oportunidades"

La suerte le guiñó y consiguió un trabajo como monitor de informática para dar clases a ancianos y jóvenes. “¿Cómo iba a rechazarlo para seguir estudiando?”, pregunta. “Necesitaba dinero para mantener mi caso. Tengo que llevar mi casa para adelante. No vendrá nadie a ponerme el plato de comida por delante. No estoy en la situación de los jóvenes”, esgrime. Está casado y vive con su mujer, quien solo tiene una hora al día de contrato.

Miguel Montes ha obtenido el puesto 84 pese a su nota de 7,2. Fernando Ruso

Lo despidieron y Miguel Ángel decidió retomar este año los estudios. Pero la Administración le ha cerrado la puerta en las narices. Su nota apenas le da para se el número 15 en la lista de espera en la segunda adjudicación. Por delante tiene a gente con menos nota que él, también menos años.

“Lo comento por las noches con mi mujer y solo llego a una conclusión: han pensado la ley con el culo, quizás para beneficiar a alguien. No sabemos qué les ha llevado a aprobarla”, esgrime. “Nos perjudica a nosotros y a los que vienen después”, detalla.

Porque cada año que pasa, Miguel Ángel está más lejos de su plaza. “Pedimos que se reconsidere la ley”, insiste. “La gente inteligente rectifica, quizás no se han dado cuenta de que están perjudicándonos y que juegan con nosotros”, cuenta. “Y con nuestro porvenir”, añade.

“Me hubiese gustado obtener la titulación por las puertas que eso me puede abrir en el futuro. A más formación, más oportunidades”, arguye. “Con 49 años, ¿cuándo voy a estudiar? Y después la Administración te dice que te formes más. Es una incongruencia. Nos cierran las puertas de por vida”, sentencia.