“Peculiar y con una incertidumbre absoluta”. Con estas dos características ha dado el comienzo del curso escolar según los funcionarios del sector educativo en España. “La falta de Gobierno y de liderazgo sólido en el Ministerio de Educación ha provocado que las clases comiencen con incertidumbre sobre qué pasará con la Lomce, con un déficit de plantillas y con falta de presupuesto”, ha afirmado Mario Gutiérrez, responsable de Educación de la central sindical independiente y de funcionarios (CSIF).

Según los datos que maneja el CSIF, el sindicato más representativo en las administraciones públicas, un total de 203.300 profesionales del sector educativo -entre ellos aproximadamente 100.000 interinos de la escuela pública- dieron de baja en la Seguridad Social durante los meses estivales. “Algo que evidencia el nivel de precariedad, inestabilidad e incertidumbre de este sector al inicio del curso escolar”, ha analizado Gutiérrez.

Se trata, tal y como han informado, de la cifra “más alta registrada” durante los últimos cinco años superando “con creces” las bajas que se produjeron en 2015 (191.297 profesionales), 2014 (174.539), 2013 (156.723) y 2012 (156.996).

La central sindical ha advertido de que, a nivel estructural, las plantillas de personal docente se han reducido en 11.082 personas desde enero desde 2012, por lo “que se hace necesario un Pacto por la Educación que afronte de manera global las necesidades de nuestro sector educativo”.

Por ello, CSIF reclama un acuerdo de Gobierno que permita desbloquear la situación política con el fin de que las comunidades autónomas puedan adecuar sus plantillas sin tasa de reposición, a través de la oferta de empleo público para el próximo año.

Además, la Central Sindical ha planteado la derogación de los decretos de recortes en materia educativa impulsados durante la legislatura anterior a la fallida en la que el Partido Popular gobernó con mayoría absoluta. La eliminación de estos decretos que ofrecían, en palabras del sindicato, “una cobertura legal a las comunidades autónomas para que pudieran impulsar mejoras en las plantillas, los ratios de los alumnos por aula o los horarios lectivos”.

“Además, permitiría aumentar el gasto público para acercarnos al 6 por ciento del PIB que recomienda la OCDE”, analizan.

Un 4,6% de plantilla docente menos en la Universidad

El bloqueo político que vive España desde diciembre de 2015 también está teniendo efectos “negativos” en la universidad española. Se concretan en “problemas de financiación, escasez de planes y recursos para investigación, problemas de consolidación y promoción de colectivos docentes”, tal y como ha explicado el responsable del área de Universidades del CSIF, Ramón Caballero.

La plantilla total de personal docente e investigador (contando funcionarios, interinos y contratados) de las universidades públicas cae un 4,6% entre el periodo 2012-2016. Ha pasado de 100.511 trabajadores en enero de 2012 a 95.868 en enero de 2016.

Las universidades españolas que más disminuyen su plantilla de personal docente e investigador son la de Alcalá de Henares (29,2%), la Autónoma de Madrid (25,4%), la Politécnica de Cataluña (25,2%), la pública de Navarra (20,1%), y la Rey Juan Carlos de Madrid (17,1%).

En cuanto a la plantilla total de personal de administración y servicios, contando funcionarios y laborales, cae un 4,5% entre el mismo periodo anterior, pasando de un total de 54.370 trabajadores a 51.902 contratados.

Las cinco universidades públicas que más han disminuido su plantilla de personal de administración son la Autónoma de Barcelona (29,3%), Extremadura (17,1%), Granada (15,3%), al igual que la Politécnica de Cataluña y la Politécnica de Madrid (14,9%).