Educación recurre a la Abogacía del Estado para salvar el “callejón sin salida” de las reválidas

Ni la presión de -prácticamente- toda la comunidad educativa , ni el frente común de las comunidades autónomas antirreválidas, ni, incluso, las voces internas del Partido Popular podrían ser suficientes para tumbar la medida estrella de la Lomce: las reválidas de 4º de ESO y 2º de Bachillerato. Una cuestión de tiempo y forma, consecuencia del Gobierno en funciones, ha paralizado la tramitación definitiva cuando ya ha empezado el curso.

El Consejo Escolar del Estado, el máximo órgano consultivo en materia educativa y que está compuesto por representantes de los sectores más directamente relacionados en el ámbito, tiene que emitir -sí o sí- un dictamen sobre la orden ministerial que ofrezca todos los detalles sobre las evaluaciones externas antes del 30 de noviembre. El dictamen puede ser favorable o no, pero debe existir para que posteriormente esa norma se eleve al Consejo de Estado y posteriormente sea aprobada en el Consejo de Ministros.

Hay 40 días por delante todavía por delante, pero el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, se ha encontrado con otra piedra en el camino tal y como adelantó este lunes la Cadena Ser: el Consejo Escolar está descabezado y no puede funcionar. El ya ex presidente, Francisco López, se jubiló el pasado mes de mayo. También lo hizo la vicepresidenta, María Dolores Molina. El número tres del órgano consultivo, su secretario general, José Luis de la Monja, falleció en agosto. Y sin ellos, el Consejo no puede funcionar.

¿Por qué no se ha renovado ya la dirección del Consejo? Según el decreto que regula la funcionamiento de esta institución, el presidente es nombrado a propuesta del ministro de Educación, pero Méndez de Vigo no ha podido dar este paso desde mayo al encontrarse en funciones. Tampoco Vicepresidencia, ya que este cargo será elegido por el pleno del Consejo de entre sus miembros, por mayoría simple de votos y a propuesta del presidente.

Educación afirma que "hay margen"

Se trata de una maraña burocrática que deja en “un callejón sin salida”, como ayer calificó José Luis Pazos, presidente de la confederación de asociaciones de padres y madres de alumnos, a más de 700.000 estudiantes de 4º de Eso y Bachillerato que deberían hacer las reválidas a finales de curso tal y como recoge el calendario de implantación de la Lomce. Por ello, de manera urgente, aunque desde Educación aseguran que “hay margen”, han pedido a la Abogacía del Estado un informe sobre cómo puede el Consejo Escolar reanudar la actividad ordinaria de sesiones plenarias y de la Comisión Permanente.

Se da la circunstancia de que la Permanente ya emitió el pasado mes de mayo -antes de quedarse inoperativo- un informe sobre una orden ministerial de diseño de las reválidas tal y como estaban planteadas inicialmente en línea con la idea que tenía de ellas el ex ministro Wert. Sin embargo, Méndez de Vigo rectificó a su antecesor en el cargo y incluyó modificaciones en estas evaluaciones reguladas por el decreto del 29 de julio. Y por tanto, estas nuevos aspectos -como el sustituir el tipo test por preguntas de desarrollo en la nueva Selectividad- no han pasado por el Consejo Escolar y por tanto, no pueden seguir su trámite legal.

El miembro de mayor antigüedad

Atendiendo a estos tiempos se puede deducir entonces que el Ministerio de Educación dió luz verde al decreto de las reválidas (julio) conociendo que el presidente y la vicepresidenta del Consejo Escolar ya se había jubilado y por tanto, el órgano no estaba ya funcionando: el titular de la cartera aprobó las reválidas pese a que el escollo del Consejo Escolar ya era una realidad.

Méndez de Vigo trasladó al presidente de CEAPA, que fue el encargado de abrir una ronda de contactos entre Educación y los distintos agentes para explorar la vía del Pacto de Estado, que el nuevo presidente del Consejo de Estado podría ser el miembro con mayor antigüedad en la mesa o la persona con mayor edad.

Algo que ha rechazado de plano Pazos, el líder de la organización que aglutina a más padres en la enseñanza pública, ya que si ese nuevo presidente -elegido de entre los 107 miembros que componen el consejo- es un "representantes de las organizaciones empresariales de la privada" no será reconocido como "interlocutor válido" por la "mayoría" de organizaciones restantes.