Los expertos coinciden: con cámaras dentro de clase no se previene el 'bullying'

“La realidad y existencia de graves casos de acoso escolar no planea dudas, pero continúan las dificultades para obtener las pruebas dada la absoluta renuencia de la mayor parte de los jueces de instrucción a admitir medidas de grabación en vídeo en aulas”. Con esa frase el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, ha reabierto un debate que parecía aparcado, pero que a raíz de los últimos graves casos de bullying conocidos ha vuelto al centro del debate. ¿Es necesario instalar cámaras de vigilancia en aulas de colegios e institutos para resolver casos de acoso escolar?

Calparsoro ha defendido la instalación de videovigilancia para “casos determinados” porque a veces el acoso que sufren los escolares se produce “en ámbitos ajenos a otros compañeros o a testigos”. Se refiere, en concreto, al acoso sufrido por una menor durante el curso 2014-2015 por parte de un compañero de Bachillerato en las aulas de un instituto vizcaíno y la investigación llevada a cabo por la Ertzaintza, que llegó a colocar una cámara en el aula del centro.

Desde la Confederación de asociaciones de padres y madres de alumnos (Ceapa) muestran a EL ESPAÑOL su absoluta oposición a instalar cámaras en centros educativos: “Ni en el aula ni en las zonas comunes como los pasillos o el patio”. En opinión del presidente de la asociación de más de 13.000 familias de la escuela pública, José Luis Pazos, las cámaras suponen una “invasión clara” en la convivencia escolar. “La convivencia no se tiene que ver afectada por la opinión ni de fiscales ni de decisiones judiciales. Las cámaras no son preventivas ni educativas”.

Para Pazos, poner cámaras dentro de las clases sin que existan “indicios” es una “auténtica locura”. Según explica, la convivencia en la escuela puede atravesar “por momentos de dificultad”, pero “no tienen que ser siempre entendidos como delitos”. “De hecho la mayor parte de estos conflictos no lo son”, añade.

Argumenta que el acoso siempre llega “cuando la convivencia ha fracasado”. Y para solucionarlo, a su juicio, se debe colocar a los alumnos, “partiendo de la base de la mediación entre iguales” como protagonistas. “Cuando los adultos están ordenando -a través de decisiones como colocar cámaras- en vez de convencer están imponiendo en lugar de educando y no es eso lo que se persigue”.

Preguntado por si el caso de la niña de ocho años apaleada por más de una decena de niños en su colegio de Mallorca se podía haber evitado si hubiese cámaras en el centro, Pazos no tiene dudas: “No”. Considera que en todos los lugares de recreo o de estudio con los que cuentan los colegios e institutos existen “puntos negros” y los alumnos “no son tontos”. “Las cámaras no tienen carácter disuasorio hoy en día”, analiza y pone de ejemplo los casos en los que grupos de estudiantes han protagonizado y grabado los hechos delictivos.

“No es legal”

Según la legislación vigente, los centros educativos no tienen suficiente autonomía para decidir si instalan cámaras en sus espacio. Algo que hizo un colegio del municipio segoviano de Aguilafuente a comienzos del curso y que ha sido denunciado por la oposición de la corporación local. “La instalación de sistemas de vigilancia en un colegio no es algo que pueda hacerse obviando los mínimos requisitos legales, pues afecta al derecho a la propia intimidad de los alumnos, que son menores de edad, de sus padres y de los docentes”, alertó el PSOE. “El hecho de que puedan realizarse actividades inadecuadas en el patio no faculta a ningún alcalde a colocar cámaras”, sentencian.

En la misma línea se muestra Lant Abogados, un bufete especializado en protección de datos, a este diario. “La regla general y el aplicar los principios de proporcionalidad nos llevan a pensar que no es legal colocar cámaras en las aulas, aunque sí es justificable en zonas comunes como el patio”, afirma el abogado Luis de la Mora. “Es una invasión a la intimidad desde el punto de vista de los alumnos”, añade.

En el caso de ser instaladas en colegios e institutos -siempre en zonas comunes y no en las clases- la ley habla de exigencias en la eliminación de los datos personales pasados diez días desde la grabación. “La ley recoge que debe ser un mes, pero la agencia española para la protección de datos ya se refiere a un máximo de diez”, recuerdan desde Lant. Además, pese a que la ley no especifica en este tipo de casos concretos, el acceso a lo grabado es sólo exclusivo de “personal autorizado”. Esto es, el director del centro y nunca la totalidad del profesorado.

"Invertir en Educación, no en cámaras"

En todo caso, “estamos hablando de registrar los hechos pero lo que hay que hacer es prevenirlos”. Así se posicionan desde Comisiones Obreras en palabras de su secretaria de Igualdad, Carmen Heredero. Desde el sindicato también se muestran “absolutamente en contra” de colocar elementos de videovigilancia “en zonas comunes o las aulas” porque es muestra de algo “bastante carcelario”: “Creemos que hay que hacer otro tipo de prevención que se ejerza desde la educación y el respeto a la diversidad y los valores”.

Heredero defiende que en los patios de los colegios siga habiendo profesores que más que actuar como “vigilantes” lo hagan como docentes que interactúan con los chavales porque “prevenir no lo hace la cámara”. Para lograrlo, la portavoz de CCOO apuesta por invertir en más plantilla “que revierta los recortes realizados en Educación” antes que de gastar presupuesto en instalar cámaras.