Los independentistas no soportan ni que 50 familias prefieran el castellano en clase

No habrá pacto nacional por la educación si el Ministerio no desbarata los planes del ex ministro Wert de “españolizar a los niños catalanes”. Tras una semana de supuesta paz educativa, los partidos han comenzado a trazar las líneas rojas que no están dispuestos a sobrepasar en el texto que sirva de base al Gobierno para sustituir su contestada LOMCE. Los nacionalistas piden eliminar cualquier referencia a la disposición 38 de la ley, la relativa a la impartición del castellano en Cataluña.

Después de enterrar las polémicas reválidas y antes de que la LOMCE sea sustituida por una nueva ley fruto del consenso -si lo hubiese-, el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, va a analizar con los nacionalistas una de sus primeras exigencias durante la negociación. Así lo admitió el ministro el lunes tras la reunión de la Conferencia Sectorial con las comunidades autónomas, en la que la consejera catalana le pidió cargarse la polémica disposición 38.

Este precepto de la norma educativa obliga a la Generalitat de Cataluña a garantizar la enseñanza en castellano como lengua vehicular en la red pública o concertada de colegios para todas las familias que lo soliciten o, de lo contrario, financiar la matrícula de un centro privado con 6.000 euros. Algo que para la responsable de Educación en la Generalitat, Meritxell Ruiz, “atenta contra el modelo lingüístico y el sistema educativo catalán”.

Desde que se puso en marcha la medida que enfrentó al gobierno autonómico y el central, las guerra de cifras de familias que habían presentado la solicitud y cuáles de ellas tenían derecho -o no- a la ayuda ha sido una constante. Según los últimos datos, un total de 154 familias -40 este curso académico- han presentado al Ministerio la solicitud para recibir la escolarización en castellano. De esas, 50 han sido estimadas favorablemente, siendo recurridas por la Generalitat todas y cada una de las peticiones de 6.000 euros que contempla la LOMCE.

"Las familias están asustadas"

Desde Convivencia cívica catalana explican a EL ESPAÑOL que el proceso de las solicitudes es “muy farragoso”. Esto sumado al “miedo y desconfianza” que, según denuncian, impera en ocasiones ha hecho que desde la misma organización no cifren en más de 40 las familias que han pedido la ayuda este curso. “Las familias no lo hacen porque están asustadas, se ha creado una atmósfera en la que ha habido manifestaciones en las puertas de los colegios”, se queja un portavoz de esta asociación.

Convivencia cívica catalana es “pesimista” y considera que la disposición adicional 38 de la LOMCE “tiene los días contados”. “Se la van a cargar y se habrá completado la muerte del cisne; el camino jurídico estará totalmente perdido”, explica a este diario José Antonio Martínez.

Este cierto pesimismo está fundando en parte en los acontecimientos que se han sucedido en materia educativa durante esta semana. El lunes, cuando Méndez de Vigo se reunió con las comunidades autónomas para abordar la eliminación de las reválidas y la vuelta de la Selectividad, la consejera catalana pidió la eliminación de la disposición 38. El ministro comentó, según fuentes consultadas, que no era el momento ni el lugar donde abordar el asunto y emplazó la posible cesión en este polémico aspecto a la Comisión educativa.

Ya en el Congreso de los Diputados, Miriam Noguera, del PDECat -la antigua Convergencia- durante su intervención criticó la figura centralizadora del documento por el que se creó la subcomisión para lograr el pacto educativo, un acuerdo que no se logrará, insiste, si no se respetan las competencias de las comunidades autonómicas.

“Nunca nos ha gustado el concepto de pacto nacional, y el tiempo nos ha dado la razón de que los firmantes de estos pactos siempre han entendido el concepto de nación muy sui géneris”, criticó también en el seno de la subcomisión el diputado del PNV Joseba Andoni Agirretxea.

El TC tiene que pronunciarse

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha estimado esta semana un recurso de la Generalitat y ha pedido suspender el procedimiento de las ayudas de 6.000 euros hasta que se resuelva el recurso y el conflicto de competencias presentados por el Ejecutivo catalán ante el Tribunal Constitucional.

La providencia de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-administrativo, a la que tuvo acceso Europa Press, atiende la petición de suspensión hasta que el TC resuelva el conflicto, "debiendo informarse sobre el estado de sendos procesos constitucionales cada tres meses".

El TC admitió a trámite en abril de 2014 un recurso de inconstitucionalidad contra diversos preceptos de la LOMCE y en noviembre de ese mismo año un conflicto positivo de competencias por la disposición de la ley que regula el reconocimiento de la compensación de los costes de escolarización en castellano.