El arzobispo de Zaragoza, Vicente Jiménez, deberá testificar en calidad de imputado -actual investigado- el próximo mes de marzo en la Ciudad de la Justicia de la capital aragonesa. El juzgado de Instrucción número 11 de Zaragoza le imputa los delitos de descubrimiento y revelación de secretos tras ser investigado por un presunto caso de espionaje ilegal. Los denunciantes, una exnotaria del arzobispado y un exvicario judicial, podrían haber sido víctimas de una intervención de sus comunicaciones privadas por Whatsapp y correo electrónico.
Sin embargo, el asunto se complica al existir otro procedimiento por la jurisdicción penal canónica. Es ahí donde el arzobispo denuncia "una trama compleja que quiere hacer valer sus tesis y derrocar lo establecido en la diócesis" y en la que señala a la exnotaria de la curia, María del Carmen Amador; a Roberto Ignacio Ferrer, sacerdote y exvicario judicial; y al sacerdote Antonio Mas.
La denuncia emitida por el arzobispado, a la cual ha tenido acceso EL ESPAÑOL, explica que Amador, Ferrer y Mas crearon un grupo de Whatsapp para "coaccionar" al arzobispado y a las diversas instancias diocesanas vertiendo "calumnias y difamaciones". En el grupo de mensajería privada, llamado "Justicia", -según consta en la denuncia- compartían "informaciones, opiniones y estrategias contra el arzobispo".
Sin embargo, desde el entorno de los tres denunciados, afirman que la actitud del arzobispado no es propia "ni de la rusa soviética". Este diario también ha comprobado el sentir de varias parroquias zaragozanas, así como parte del arzobispado, y aseguran que "la posible información detalla una época oscura –la etapa del anterior arzobispo, Manuel Ureña- y genera cierto nerviosismo en la curia".
CRUCE DE DENUNCIAS
La otra denuncia, la emprendida por María del Carmen Amador, y Roberto Ignacio Ferrer, detalla que ambos han sido "víctimas de intrusión informática que podría constituir un delito de descubrimiento y revelación de secretos" por parte del arzobispado de Zaragoza.
El informe del perito policial del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional de Aragón que ha precipitado la imputación del arzobispo, constata que el caso atañe a "conversaciones privadas mantenidas por Whatsapp".
La legislación permite a las empresas supervisar el control informático de sus trabajadores, pero siempre con el aviso previo al personal laboral y con la intención de controlar su actividad profesional. "Lo que no puede hacer un empleador es proceder a la intromisión de las conversaciones privadas de una aplicación como Whatsapp, que no tiene carácter profesional y en las que además intervienen personas con las que no hay relación laboral de ningún tipo", remarca la denuncia.
Los delitos que se imputan están tipificados en el Código Penal con penas de hasta siete años de cárcel e incluso con el agravante por motivos ideológicos o de creencias religiosas. De hecho, la denuncia recalca "las discrepancias por motivos ideológicos o religiosos" que mantenían los denunciantes y la curia.
"TARDE O TEMPRANO RESPLANDECE"
Este diario ha podido contactar con el entorno cercano del arzobispo de Zaragoza, Vicente Jiménez. Según estas fuentes, "el arzobispado no ha recibido la notificación judicial, pero el arzobispo tiene plena tranquilidad en este asunto y confiamos en la justicia". Las mismas fuentes insisten en afirmar la "tranquilidad" que reina en los pasillos del arzobispado pese a la gravedad del caso: "Nos preocupa mucho el pueblo de Dios, pero los fieles conocen a un hombre bueno y justo. Saben que tarde o temprano la verdad resplandece y confiamos en la justicia".
Los hechos que preceden a la denuncia, se remontan a cuando la exnotaria fue despedida –de manera improcedente- de su labor profesional en el arzobispado por "falta de confianza", según dictó el prelado. El despido se produjo a los pocos meses de la llegada del arzobispo Jiménez, tras la "renuncia por motivos físicos" del anterior arzobispo de Zaragoza, Manuel Ureña.Pero posteriormente, según una filtración interna del arzobispado, se supo que Ureña fue cesado por pagar 100.000 euros al diácono de Épila (Zaragoza) para tapar unos presuntos abusos.Desde un inicio, la exnotaria defendía que "se trataba de una conspiración" contra ella.
"Para avergonzar a una ciudad"
La exnotaria, María del Carmen Amador, siempre ha defendido "una conspiración" perpetrada por el arzobispado contra ella. El despido improcedente, según el entorno de María del Carmen Amador, se debió a "la información que posee", la cual afirman que "sería capaz de avergonzar a toda una ciudad y a la Iglesia en su conjunto". Es más, afirman desde el entorno de la exnotaria que "todo esto lo conoce el Vaticano tras las cartas enviadas a Roma", emitidas por María del Carmen Amador, Roberto Ignacio Ferrer y el sacerdote Antonio Mas, de manera conjunta.
Por ese motivo, "el arzobispado extrajo la información -los mensajes de Whatsapp- del ordenador de la exnotaria- para conocer todo aquello que poseían", afirman las mismas fuentes. "Estos tres señores buscaban limpieza y el nuevo arzobispo ha abierto un proceso inquisitorial", relatan desde el entorno de la exnotaria de la curia. El motivo del llamado "proceso inquisitorial" se debe a la denuncia presentada por el arzobispado por la vía penal canónica.
LA CUNA DE TORRECIUDAD
Desde el entorno de María del Carmen Amador y Roberto Ignacio Ferrer aseguran que son conscientes de la complicada situación que va a generarse al tener que declarar el arzobispo de Zaragoza por graves delitos . Entienden estas fuentes que la discusión jurídica "es sencilla" pero que temen interferencias porque "Aragón es la cuna de Torreciudad [santuario vinculado al Opus Dei] y la mitad de los jueces comulgan con dicha prelatura personal".