El 49% de las mujeres maltratadas que solicitaron una vivienda en Madrid quedó desamparada

Durante la crisis los desahucios se convirtieron en un problema nacional, hoy, nueve años después, la situación no ha mejorado en exceso: el derecho a la vivienda sigue siendo violado en España, según el último informe de Amnistía Internacional (AI).

Pero el bajo nivel de acceso a una casa no afecta a todos de igual modo, las mujeres son el grupo más vulnerable, especialmente aquellas que encabezan hogares monoparentales y las víctimas de violencia de género, de hecho a la mitad de las mujeres maltratadas que en 2016 solicitaron una vivienda social en Madrid se les denegó.

“La crisis del derecho de la vivienda no ha terminado en España. No sólo no se han adoptado medidas para proteger a más personas, sino que, en ocasiones se les ha llevado a una trampa de vivienda insegura, olvidando que se trata de un derecho humano, y no de un bien de inversión”, declaró Eva Suárez-Llanos, directora adjunta de Amnistía Internacional España. “Esto queda reflejado en el hecho de que ni siquiera es un derecho protegido con las máximas garantías en la Constitución”, añadió.

Desigualdad en el acceso a la vivienda

En la presentación del informe AI ha destacado las "consecuencias de la liberalización y la flexibilización de los contratos de alquiler y el proceso de desalojo" a los que se han visto sometidos muchos inquilinos, especialmente las mujeres. Esto, unido a la alta tasa de paro femenino -más de tres puntos mayor- y que sean ellas las que más trabajan a tiempo parcial -ocupan el 72% de los puestos-, implica que sean las mujeres las que "están más expuestas a sufrir" un desahucio por impago.

En este sentido, la organización destaca que las mujeres, en muchas ocasiones, se encuentran en situaciones de exclusión, por su situación laboral, por encabezar familias monoparentales -el 83% de las existentes- y por tener familiares a su cargo. Situaciones que según AI ponen a la mujer en el "lado inferior de la brecha salarial". Asimismo, destacan el hecho de que en la Ley de Enjuiciamiento Civil "no exista una obligación para que los jueces analicen la proporcionalidad de un desahucio y estudien caso por caso las circunstancias personales de cada desalojo. Tampoco se tienen en cuenta las desigualdades de género, algo que provoca mayor discriminación hacia las mujeres". 

"Promesa incumplida"

Además, aseguran que no se está cumpliendo la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004, ya que en teoría las mujeres maltratadas son un colectivo prioritario para las viviendas sociales, pero es una condición que muchas veces no se cumple. Por ejemplo, "en Madrid se exige una sentencia condenatoria o una orden de protección", por lo que en la práctica "supone que la mayoría de las víctimas de violencia de género no consigue el apoyo necesario para que se proteja su derecho a la vivienda", destaca el informe.

El acceso a la vivienda para las víctimas de la violencia machista es una "promesa incumplida -según Koldo Casla, investigador de AI y autor del informe-. El acceso a la vivienda no debería depender de que estas mujeres presentaran cargos, y menos aún de que consiguieran la orden de protección, algo que no está en sus manos", añadió.

Además, la organización ha querido denunciar el "oscurantismo" que existe en torno a los datos de la vivienda, de hecho, "no existen datos desagregados sobre los 34.193 desahucios por impago de alquiler que se produjeron en 2016, ni siquiera se distingue entre locales comerciales y viviendas", señala el informe.