Las "cárceles encubiertas" que Zoido mantiene a la espera de "mejor fórmula"

Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), muy cuestionados por partidos y plataformas sociales, están en el ojo del huracán. Tras la oleada de pateras en las costas andaluzas, el Gobierno se ha mantenido firme y anuncia tres nuevos CIE en España. Pero el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, juega al despiste al asegurar que todavía "no está determinado" dónde se construirán.

Interior defiende que la "avalancha" de migrantes "obliga" a la construcción de nuevos establecimientos. Es un argumento que rebate la experta en Psicología Social e Inmigración del Observatorio Frontera Sur, Pilar Moreno, a EL ESPAÑOL. "Los migrantes entran en un CIE sin que sea una consecuencia lógica de su migración. No es ni la solución más adecuada ni la más legítima éticamente ni psicosocialmente", indica.

Partidos y ONG han mostrado su rechazo a este tipo de centros. Incluso ciudades como Málaga se han declarado como "libre de CIE". En la capital de la Costa del Sol está prevista la creación de una de las nuevas instalaciones proyectadas por Interior: las otras se ubicarán en Madrid y Algeciras (Cádiz).

Consecuencias psicológicas

Para los internos, el sufrimiento generado por el ingreso en estos centros se suma al deterioro psicológico que acumulan durante su trayecto hasta Europa. "El menoscabo psicológico se da desde que salen de su casa en sus países hasta que llegan a la frontera. Es un viaje largo y dramático", relata Moreno. Ansiedad, depresión, sufrimiento, violencia física e incluso sexual son algunos de los daños del viaje. "Es el precio a pagar por llegar a España".

Luis Pernía, presidente de la Asociación Andaluza por la Paz y la Solidaridad (ASPA), considera en declaraciones a este periódico que en estos centros se dan "historias de sufrimiento humano hasta límites indecibles, como el suicidio". "En el CIE hay un déficit democrático grande y un déficit jurídico grande. No se sostiene que la libertad esté condicionada a una falta administrativa". Es una idea con la que coincide la abogada y presidenta de Málaga Acoge, Arantxa Triguero. "Encerramos a los migrantes en una institución cerrada como una prisión".

Los derechos humanos, en cuestión

"Si les aislamos socialmente y nos creemos que un CIE es un medio para integrar, sólo conseguimos castigar a quien tiene derecho a proteger su vida. Porque no hay que olvidar que huyen para salvarse", afirma Pilar Moreno. Por ello, esta experta aboga por no aplicar el adjetivo 'ilegal' para referirnos a los inmigrantes. "Sólo lo son porque hemos puesto unas leyes que han hecho que así sea".

Son un "instrumento fracasado de la política migratoria europea", según defienden ocho expertos de distintas universidades españolas en el informe Razones para el cierre de los CIE: Del reformismo a la abolición, auspiciado por el Observatorio del Sistema Penal ante la Inmigración (Ocspi).

Aumento de pateras en 2017

Solo el pasado mes de junio, 2.189 personas alcanzaron las costas andaluzas en 84 pateras. A 16 de julio de 2017, el balance del Ministerio del Interior sobre las entradas en España de migrantes por vías irregulares reflejaba que cerca del 70% de esas llegadas (10.751) se realizaban por mar, frente a las 3.204 personas interceptadas entrando por vía terrestre a las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Esto supone el doble que en el mismo período de 2016, un 100,4 % más.

El coordinador jurídico de Andalucía Acoge, José Luis Rodríguez, achaca ese aumento a la "diversificación" de los lugares de partida de estas pateras en las costas de Alhucemas, Nador y Tánger, así como a la "saturación" y la mayor peligrosidad de otras rutas como la del Mediterráneo central con salida desde Libia, según recoge Efe.

La experta en Psicología Social e Inmigración del Observatorio Frontera Sur considera que este crecimiento de migrantes que ingresan en el centro se debe a "las situaciones de guerra, de conflictos armados y de hambre". "Están en pleno derecho a salir de su país, máxime cuando están en amenaza de muerte por guerra, por su sexualidad o porque tienen hambre".

Escaso apoyo político

Uno de los CIE más conocidos es el de Aluche (Madrid). Y lo es porque que ha sido el escenario de distintos motines en los últimos años. Hace unos días fue el protagonista de una denuncia del Defensor del Pueblo ante la Fiscalía General del Estado por la situación de los internos, entre ellos menores. Pero, quizás, el incidente más conocido se produjo en octubre de 2016, cuando un grupo de migrantes se amotinó en la azotea de las instalaciones durante 12 horas.

Ahora Madrid y PSOE aprobaron hace menos de un año una moción en el Pleno municipal para pedir una reforma en profundidad del modelo de los Centros de Internamiento de Extranjeros que derive incluso en el cierre del centro de Aluche. No cayó en saco roto: este año, el Ayuntamiento de Madrid también presentó un estudio que reclamaba el cierre de la instalación.

En el Congreso de los Diputados, varios grupos de izquierda -Podemos, Izquierda Unida y Equo- han presentado distintas iniciativas parlamentarias preguntando por la situación de estas instalaciones e incluso reclamando su cierre. La reclamación se extiende por todo el arco político: Francisco de la Torre, regidor de Málaga -la principal alcaldía del PP en España- se ha opuesto en diversas ocasiones a la apertura de un nuevo CIE en la ciudad, cuestionando su utilidad al no considerar que sean algo "necesario".

Interior revisará el modelo de los CIE

El Ministerio del Interior ha recordado su compromiso para consensuar "un plan de mejora". La propuesta es constituir una mesa de trabajo en la que los diferentes grupos parlamentarios establezcan la "mejor fórmula" para los CIE. El Gobierno mantiene, taxativo, que estos centros "tienen que existir porque responden a un imperativo del Derecho de la Unión Europea y del ordenamiento jurídico español".

La Secretaría de Estado de Seguridad, recuerdan estas fuentes de Interior consultadas por Europa Press, ha mantenido reuniones con los representantes de los distintos grupos parlamentarios, aunque "algunos no parecen muy interesados en seguir avanzando" en la línea de crear el grupo de trabajo y "prefieren trabajar de otra forma". Por ahora, el futuro de los CIE está por ver.