Es una cuestión de seguridad, pero también de educación y de vivir y sentir la ciudad como un entorno más amigable para todos. La reducción de la velocidad desde los 50 a los 30 km/h en vías urbanas de un carril por sentido es un cambio significativo, aplaudido por muchos de los ayuntamientos que ya aplicaban medidas similares pero que, sobre todo, persigue un objetivo claro: frenar la creciente cantidad de accidentes y atropellos que, en los últimos años, han costado un número inaceptable de vidas: 519 solo en 2019, un 6% más que en 2018.
Y es que, además de la calidad de las infraestructuras, del diseño de los espacios públicos y del ordenamiento del tráfico, la gestión de la velocidad es una de las herramientas más eficaces para fomentar la seguridad vial. Más aún en un contexto en el que las distracciones al volante, muchas de ellas ligadas al uso del teléfono móvil, suponen un problema añadido que, en combinación con un exceso de velocidad, explican esa siniestralidad.
Velocidad y distracciones, cóctel de riesgo
La velocidad tiene mucho que ver en este esquema, de ahí que bajar el límite redunde en la mejora de estas estadísticas que se ceban especialmente en los actores más vulnerables del ecosistema de la movilidad urbana: peatones, ciclistas y motoristas. Los estudios que han analizado el tema indican que el riesgo de fallecer como consecuencia de un atropello a 50 km/h es del 90% frente al 10% si el impacto se produce a 30 km/h.
Esto se explica por otro factor muy relacionado: la distancia de frenado que, lógicamente, es menor cuanto menor es la velocidad de circulación. En el caso de esta reducción que acaba de anunciarse, se estima que este nuevo límite puede suponer que un coche pueda detenerse en la mitad de espacio. Además, las características de los vehículos también benefician la eficacia de sus sistemas de seguridad a esa velocidad frente a los 50 km/h.
Ciudades más amables
Además de perseguir la mejora de la seguridad y la reducción del número de accidentes y víctimas, esta decisión del Gobierno pretende, igualmente, profundizar en el cambio de modelo de ciudad que muchos consistorios han promocionado en los últimos años. Se trata de hacer espacios de convivencia en los que el coche ceda protagonismo a una movilidad más sostenible e incluso cediendo espacio al peatón. De hecho, el texto aprobado por el Ejecutivo señala incluso que, en las zonas en las que no existe una diferenciación clara entre acera y calzada, el límite se situará en los 20 km/h.
En las ciudades en las que ya existen estas 'zonas 30' los datos respaldan el cambio: allí, el número de siniestros ha descendido más del 40%. Por eso, que la norma dé el salto del ámbito municipal a adquirir cobertura nacional, válida para todos los municipios, es una buena noticia para todos los que comparten la vía pública, para su seguridad y bienestar.