Diez castellanos y leoneses solicitan cada día que se les prohíba el acceso a juegos y apuestas online

El número de personas que ha solicitado que se le prohíba jugar online en 2021 en España ha aumentado un 13,64 por ciento respecto al año anterior, según los datos de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ). En Castilla y León, la subida registrada fue del 9,48 por ciento, cuatro puntos por debajo de la media nacional, al pasar de 3.395 a 3.717, con 322 afectados más.

En el conjunto del país, 7.640 nuevas personas solicitaron el año pasado, motu proprio, ser inscritas en el registro de interdicciones del juego online. Esto supone que la cifra global de personas que ha pedido que se le prohíba acceder a juegos de azar a través de Internet fue de 63.646 en 2021, frente a las 56.006 de 2020.

Por autonomías, es Islas Baleares es la que presenta el mayor incremento de autoprohibidos, pasando de 1.179 a 1.480 en un solo año, lo que implica una subida de un 25,53 por ciento. Le siguen la Región de Murcia, con un aumento del 22,44 por ciento (de 2.562 a 3.137 personas inscritas); Comunidad Valenciana, con un 22,21 por ciento (de 3.677 a 4.494); Navarra, con un 20,33 por ciento (de 531 a 639), y Castilla-La Mancha, con un 19,99 por ciento (de 2.791 a 3.349).

Tras ellas, se sitúan la Comunidad de Madrid, cuyo registro de autoexcluidos ha aumentado un 16,77 por ciento, La Rioja (15,56 por ciento), Cantabria (14,89 por ciento), País Vasco (14,80 por ciento), Cataluña (14,29 por ciento), Principado de Asturias (10,99 por ciento), Canarias (10,77 por ciento), Andalucía (10,09 por ciento) y Aragón (10,08 por ciento). Menos significativos, aunque también destacables, son los incrementos de autoprohibidos registrados en comunidades como Castilla y León (9,48 por ciento), Galicia (9,38 por ciento) y Extremadura (7,97 por ciento).

La inscripción en un registro de prohibidos es un derecho de los ciudadanos que, a petición de la persona interesada, impide el acceso a aquellos juegos online o presenciales sobre los que la administración pública competente haya determinado la necesidad de realizar la identificación previa del jugador.

En el caso de que la inscripción se realice en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ) de la DGOJ, la prohibición afectará al juego online y loterías, mientras que, si se hace en los registros de las comunidades, se bloqueará el acceso presencial a aquellos juegos de azar y apuestas donde la respectiva normativa autonómica determina la necesidad de comprobar la inexistencia de inscripción.

Esta es la razón por la que el Ministerio de Consumo trabaja con los Gobiernos autonómicos en la firma de convenios de interconexión con el objetivo de mejorar la coordinación entre registros y, en consecuencia, avanzar en la lucha contra la ludopatía. De esta manera, se evitarán situaciones como, por ejemplo, que una persona que esté en el registro de autoprohibidos de una autonomía pueda jugar en otro territorio.