La inestable situación internacional está limitando la disponibilidad de algunas materias primas y componentes, con el consecuente incremento de costes productivos que esto supone para los distintos sectores económicos. Más concretamente, el creciente precio tanto de la energía como del combustible y de las operaciones logísticas está provocando sobrecostes en todas las industrias y, por supuesto, también ha tenido una importante repercusión en el sector de la tecnología sanitaria.

En España, las empresas del sector, representadas por Fenin (Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria), han mostrado su preocupación ante la falta de disponibilidad de materias primas y volatilidad de los precios, circunstancia que pone en riesgo la viabilidad de muchos contratos públicos y, con ello, el acceso de pacientes y profesionales sanitarios a tecnología y productos de primera necesidad, como son las tecnologías necesarias claves para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades.

La escasez de algunas materias y componentes electrónicos dificulta la óptima fabricación, distribución y comercialización de dispositivos, equipos y productos sanitarios respecto a un tejido industrial que, tal y como se ha demostrado durante la pandemia, “es estratégico y esencial para nuestro país por el impacto y el valor que sus tecnologías y terapias aportan a los pacientes y a la población”, apunta Margarita Alfonsel, secretaria general de Fenin.

Así, para minimizar los efectos de la crisis de suministros, las compañías de tecnología sanitaria solicitan a las administraciones públicas un “plan de choque” que garantice la disponibilidad de la tecnología necesaria para el buen funcionamiento de la prestación sanitaria. 

Un ‘plan de choque’ para paliar la falta de suministros

Ante este escenario resulta de suma actualidad la Ley de Desindexación de la Economía Española, aprobada en 2015 y que modificó el mecanismo tradicional de contratación pública, desvinculándolo de los precios del IPC para garantizar que el coste de los contratos plurianuales se mantuviera fijo. 

Hasta hace unos meses la situación podía controlarse, ya que la tasa de variación del IPC se mantenía relativamente estable, pero actualmente, con la inflación disparada -la cifra acumulada en 2022 se sitúa en el 5,3%-, muchos contratos han dejado de ser viables económicamente.

Es por ello que “es prioritario el diseño de nuevos modelos de adquisición de tecnología sanitaria que permitan la flexibilización, al alza o baja, de los precios de los contratos públicos con el fin de ajustarlos a los costes de mercado reales que los contratistas del sector están asumiendo actualmente”, comenta Alfonsel, secretaria general de Fenin.

El principal reclamo del sector es la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público para poder indexar los contratos públicos y que puedan incrementarse o reducirse los precios en función de los costes que deban asumir las empresas. Más en concreto, habilitar mecanismos de indexación de costes vinculados al IPC, con el objetivo de mantener el equilibrio financiero en los contratos públicos.

IVA reducido para los productos sanitarios

Recientemente, desde Fenin, que representa a cerca de 500 empresas fabricantes y distribuidoras, se han impulsado varias reuniones con diferentes consejerías de Hacienda y Sanidad para dar a conocer estas y otras propuestas del sector para combatir la crisis global de suministros.

Además de la indexación de los costes de los contratos vinculados al IPC, por tratarse de un sector estratégico para la salud pública, se solicita a las administraciones la priorización del sector de la tecnología sanitaria, como a todo el sector sanitario, para el suministro de materias primas a través de medidas que faciliten el acceso de estas empresas a este tipo de materiales. Asimismo, se ha sugerido la ampliación de los plazos de entrega de los concursos públicos y la supresión de penalizaciones por incumplimiento en los plazos de entrega en casos en los que no se pudiera anticipar dicha situación debido a las tensiones en las cadenas de suministro.

Otra de las medidas más destacadas para asegurar el acceso a tecnología y productos sanitarios es la aplicación de un IVA reducido a los productos sanitarios, lo que, según cálculos de Fenin, permitiría al conjunto de sistemas de salud autonómicos disponer de más de 1.000 millones de euros para la renovación tecnológica de los equipos. Otro proyecto planteado por esta Federación consistiría en la puesta en marcha de un ‘Plan de industrialización’ para fortalecer el tejido industrial, que sería apoyado por los mecanismos de financiación de los Fondos Next Generation, el instrumento excepcional de recuperación de la Unión Europea para responder a la crisis del Covid-19.

La pandemia y la tensión internacional que se vive en estos momentos ha puesto de relieve la importancia de asegurar un modelo sanitario eficiente, para lo cual se precisa una revisión de los modelos organizativos y de compra pública, a fin de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema nacional de salud.