La cantante Shakira (c) junto a sus abogados, Pau Molins (i), Miriam Company (d), a su salida de la Audiencia Nacional el día que comienza su juicio, a 20 de noviembre de 2023, en Barcelona, Catalunya (España).

La cantante Shakira (c) junto a sus abogados, Pau Molins (i), Miriam Company (d), a su salida de la Audiencia Nacional el día que comienza su juicio, a 20 de noviembre de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). David Zorrakino Europa Press

Sociedad

La condena a Shakira o un Código Penal a la carta: ¿somos realmente iguales ante la ley?

El periodista Carlos Quílez debate sobre si los delitos de cuello blanco deberían pagar con el ingreso en prisión, independientemente de si los implicados pagan una multa económica.

25 noviembre, 2023 03:00

En la próxima entrega de Sumario Abierto, el periodista Carlos Quílez desgrana el caso Shakira. La cantante colombiana tendrá que pagar 7 millones de euros para evitar a ir a la cárcel. También ha tenido que admitir el fraude fiscal para rebajar su condena. Un proceso penal que arrancó en 2018 y que se ha dilatado hasta hace unos días por haber defraudado, entre 2012 y 2014, la friolera de 14,5 millones de euros a Hacienda.

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A partir de la sentencia que ha condenado a la artista a estos tres años de cárcel y al pago de la multa, a la que se suman a los 17 millones de euros que depositó de fianza, Quílez construye una historia que plantea si la justicia es verdaderamente justa o si el Código Penal español beneficia más a los ricos que a los pobres. La condena de Shakira es el vivo ejemplo de cómo el funcionamiento de la justicia ha quedado en tela de juicio.

"El Código Penal es la herramienta que nos permite saber que quien la hace, la paga, pero en este país se da la circunstancia, y el caso Shakira es un ejemplo, de que quien puede pagar la multa puede hacer el delito", asegura Quílez.

Sumario Abierto | Carlos Quílez

Fuentes jurídicas adscritas al mundo universitario, entre ellas el departamento de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona, han difundido manifiestos en los que abren el debate jurídico sobre si los casos de delitos de cuello blanco –aquellos delitos económicos y financieros de alto nivel– deberían pagar con el ingreso en prisión independientemente de si los implicados resarcen o no el daño económico cometido.