Un informe aboga por contratar más profesores no funcionarios en las universidades públicas

Más flexibilidad en la contratación, menos profesores funcionarios. Uno de los puntos clave para la modernización del sistema universitario español es romper con la restricción de tener que ser funcionario para trabajar en una universidad pública. Así se ha asegurado en la presentación del estudio La reforma de la gobernanza en los sistemas universitarios europeos, que se ha presentado este lunes en la Cámara de España.

Marcel Marín, secretario de Estado de Educación, ha anunciado que en los próximos cuatro años un 25% de los profesores universitarios se jubilará, un reto que ha dicho, constituye una oportunidad para reformar el estatuto del personal docente. 

"Creemos que el actual marco por el que se obliga a que la mayoría de profesores sean funcionarios públicos se podría flexibilizar", ha manifestado Javier Monzón, presidente del Comité Ejecutivo de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD). Y ha añadido: "Defendemos que no tenga que ser obligado que sean funcionarios públicos. Que cada universidad decida su política". 

A día de hoy las universidades públicas pueden contratar a personal docente que no sea funcionario para labores de sustitución y para contratos por obra o servicio como proyectos de investigación científica. "Es una situación muy endogámica, que no es bueno", ha asegurado Daniel Samaoilovich, coordinador del estudio.

Comparación con otros países de Europa

Esta propuesta se enmarca tras haber analizado las reformas educativas en los últimos 15 años en seis países europeos, Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Países Bajos y Portugal. El estudio muestra una tendencia hacia una mayor autonomía de las universidades y flexibilidad, sin un marco rígido que permita la competitivad entre instituciones.

"Las universidades en Portugal han votado y algunas han preferido estabilidad y otras diversidad salarial", ha dicho Samaoilovich. "La posibilidad de atraer profesores de fuera, que haya movilidad, es muy importante para que la universidad pueda ser competitiva".

El coordinador ha asegurado que de todos los países estudiados Francia es el único que no ha contemplado la contratación de profesores que no sean funcionarios, pero que está previsto en la nueva ley de educación que impulsará Emmanuel Macron.

Financiación pública basada en rendimiento

Otro de los puntos más llamativos del estudio es la propuesta de asignar una gran parte de la financiación pública en base a criterios de rendimiento. Antonio Abril, vicepresidente de la Conferencia de Consejos Sociales de Universidades Españolas, ha puesto de ejemplo el sistema gallego: "Se pretende llegar en 2020 a un 60% de financiación fija que garantice el funcionamiento y el resto por objetivos, de calidad y resultados".

Esta doble vía de financiación, básica y por méritos, perjudicaría a instituciones y grados con peores resultados académicos. Para evitarlo, habría que controlar los criterios a tener en cuenta, según ha asegurado Martí Parrillada, otro de los coordinadores del estudio. "No se debe incluir el grado de inserción laboral, pero sí aquello que puede controlar la universidad, como la tasa de graduación o de abandono".

Situación de la universidad española

El secretario de Estado de Educación ha dicho que es optimista en cuanto a la reforma del sistema universitario español, tras alcanzar un acuerdo con todos los partidos en una proposición no de ley. 

Marín ha informado de que en cuarenta años de democracia se ha multiplicado por tres el número de estudiantes universitarios y que España cuenta con la mayor tasa de universitarios de la historia -un 31.5% de los jóvenes entre 18 años y 24 años-, con un 87% matriculados en 50 universidades públicas. 

Además, Marín ha recordado que España es el país que más estudiantes de Erasmus+ acoge y que hay un promedio de universidades por habitante similar a la media europea.  "Hay grandes oportunidades: es el momento de abordar una reforma universitaria con colaboración público-privada", ha finalizado.