¿Pondría cámaras en las aulas para evitar posibles delitos sexuales? “Yo, no, porque serviría para criminalizar a los profesores”. “Yo, tampoco, porque violaría la intimidad de los niños y los maestros”. “De ninguna manera. ¿Vamos a convertir las escuelas en cárceles?”. La comunidad educativa lo tiene claro: no quiere que se vigile a sus docentes ni a sus hijos. Sin embargo, existe una posibilidad –aunque remota– de que ese planteamiento sea una realidad.
La Fiscalía General del Estado, en su memoria de 2018, lanza esta hipótesis ante el incremento “claro” de delitos sexuales: han aumentado un 23’2% hasta alcanzar los 18.986 el año pasado. Señala, además, que muchas de las víctimas son menores y que los hechos delictivos los llevan a cabo “personas cercanas”. Ante este contexto, sugiere la posible instalación de cámaras en determinados lugares. Por ejemplo, en las aulas.
“La gravedad de ciertas denuncias y lo delicado de los entornos en que se producen los hechos (espacios de encomienda o custodia de menores para su cuidado, educación, entrenamiento, etc.) podría llevar a normalizar la adopción de medidas de grabación en vídeo de espacios cerrados (despachos, aulas…), que eviten la imposibilidad de acreditación del hecho el que determinadas personas se vean sometidas a tan lacerantes como infundadas sospechas o imputaciones”, reza la Memoria del Ministerio Público del año 2018.
Hay centros que ya tienen implantadas cámaras de videovigilancia en zonas comunes.
En realidad, ya hay cámaras en muchos centros, pero siempre en zonas comunes (pasillos, aulas de ordenadores...) y con un objetivo claro: evitar actos de vandalismo, venta de drogas a las puertas de colegios… La normativa con respecto a su implantación, eso sí, la establece cada Comunidad Autónoma. No hay un marco común. Unas deben informar a las consejerías antes de instalarlas, otras gozan de protocolos comunes para todos los centros…
¿Evitaría su implantación los delitos?
En las aulas, por el contrario, nunca se había planteado. Ahora, abierta esa posibilidad, la pregunta es obvia: ¿evitaría su implantación la existencia de delitos sexuales? “Servirían para disuadir a esas personas, pero no para evitar que se cometa el delito. Una persona que padece una parafilia, que es tener atracción hacia los menores y no poder controlar sus impulsos, va a encontrar la ocasión en cualquier caso”, explica el psicólogo Martín Escudero. Posiblemente, incluso delante de las cámaras. ¿O acaso las multas de tráfico evitan que se cometan infracciones?
“Además, criminalizarían a los profesores. Están metiendo en un saco a todos”, se queja Pedro Caballero, presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA). Él pide que se vuelva a poner en marcha el Observatorio de la Convivencia, actualmente parado, para establecer un sistema que no vulnere los “derechos de privacidad de los profesores y alumnos”, reclama. “Podría servir para disuadir, pero a costa de muchas cosas. ¿De qué manera van a articular todo eso para que los menores sean filmados? Me parece algo descabellado”, sentencia.
También la portavoz del Gobierno y actual ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, se ha mostrado contraria a la medida, que ha tildado de "terrible". Celaá ha afirmado que es "una medida absolutamente fuerte", teniendo en cuenta que "no es precisamente en las aulas donde se producen esas agresiones". En su opinión, con la instalación de cámaras se estaría poniendo en los centros educativos "un 'gran hermano' permanente".
La misma opinión comparten muchos padres. Sol, por ejemplo, de la AMPA del Colegio Amor Misericordioso, no entiende la medida. “Es exagerado”, lo califica. “Lo que habría que hacer es no contratar a cualquiera, saber más sobre sus vidas antes de que den clase y que un maestro no sea sólo alguien que pase cuatro años por la universidad”, reclama a las autoridades. Y Fernando, de otra AMPA de Villaverde (Madrid), la secunda. “¿Vamos a convertir los colegios en cárceles o qué?”, se indigna. “La educación tiene bastantes déficits como para que estemos pensando en gastarnos el dinero en poner cámaras”.
Pero para eso queda mucho. El Ministerio Público ha lanzado, simplemente, la hipótesis. Su concreción llevaría consigo debates, informes, estudios… y una aprobación de la comunidad educativa que, en este momento, no existe. Aunque, visto lo visto, tampoco es descartable. El debate, en cualquier caso, está abierto.