Rafa, el abogado que recluta a 'padres policías': vigilarán si se cumplen las normas Covid en los coles

Rafa, como muchos padres, no piensa llevar a sus hijos (uno en Primaria y otro en Secundaria) al colegio. No está dispuesto a correr el riesgo. “Prefiero tener un problema con los servicios sociales o con la administración y tener que dar explicaciones ante un juez por haberlos dejado en casa que tener a un familiar intubado en la UCI”, reconoce en conversación con EL ESPAÑOL. ¿El motivo? No cree que los protocolos contra el coronavirus que se están presentando reúnan las condiciones suficientes como para que los niños no se contagien. Es prudente –por si acaso–, pero, en previsión de lo que puede (o va) a ocurrir, se ha puesto a reclutar padres ‘policías’ para que certifiquen que las medidas sanitarias no son las adecuadas.

Su propuesta, como director del Instituto Andaluz Para la Prevención del Acoso Escolar (IAPAE), la ha lanzado a través de su propio Facebook. “Vamos a comenzar a organizar grupos de trabajo en las distintas provincias de toda España”, anunciaba. Es decir, el plan es ambicioso. ¿Con qué objetivos? Comprobar que los protocolos cumplen las exigencias sanitarias; ayudar y asesorar a las familias que decidan no llevar a sus hijos al centro y mediar con los servicios sociales si se presenta algún expediente por absentismo.

Él, como padre –y abogado de profesión–, quiere tener argumentos para defenderse por si le abren un expediente de absentismo a sus hijos. “Vamos a esperar a que se publiquen los protocolos, pero estamos seguros, al 99,9%, de que no se van a cumplir. Entonces, compararemos el plan que establece Sanidad con el que se lleva a cabo en los centros”, explica. De esta forma, las familias tendrán razones en caso de que decidan no llevar a sus niños al colegio.

Los protocolos, presumiblemente, estarán listos en todas las Comunidades esta semana. Madrid lo presentó el martes, Castilla y León el miércoles… y este jueves todas las Autonomías se reunirán con la ministra para perfilar lo que será el borrador común –más allá de que cada región tenga sus especificidades–. A partir de ahí, todas tendrán una semana –o algo más, depende del calendario escolar fijado– para aplicar las medidas contra el coronavirus y certificar que los centros son lugares seguros.

Sin miedo

Rafa no tiene miedo a que le abran un expediente de absentismo por no llevar a sus hijos. No entiende por qué se prohíben las reuniones de 10 personas y se va a permitir que se junten 25-30 niños dentro de un aula; tampoco que los protocolos hayan sido confeccionados por profesores y directores y no por técnicos; o que la administración y los pediatras estén atendiendo telefónicamente y se vaya a dejar a los niños huérfanos de medidas de seguridad.

No entiende las medidas y, más allá de la queja, propone soluciones: que los padres puedan elegir si quieren que sus hijos vayan al colegio (o no). “Es muy sencillo. Los que tengan que llevarlos sí o sí, que lo hagan; y los que puedan estar con ellos en casa, que los mantengan allí. De esta forma bajamos los ratios y todo podría estar más controlado”, explica. Y, muy duro, puntualiza: “Los que permitieron que los mayores murieran en las residencias son los que nos ofrecen estos planes”.

De hecho, Rafa ve una mano negra. “¿Cómo puede ser que las personas de riesgo que estaban de baja durante el estado de alarma ahora no lo sean? ¡A los niños, aunque tengan patologías, los pediatras no les están haciendo justificantes!”, se queja.

Por eso, exige que los protocolos educativos se asemejen a los de la administración. “Si un funcionario tiene mamparas, si tiene señalizado dónde está la distancia de seguridad, si les limpian los equipos… ¿Por qué en los colegios no?”, reflexiona. Esa es la razón por la que no llevará a sus hijos al colegio.

Rafa pone el derecho a la vida por encima del de educación y pide no ser responsable si sus hijos se infectan en el colegio. Y quiere acreditar, a través de los ‘padres policía’, que las medidas no se cumplen. Lo único que pide (como requisito necesario para tener el derecho de responsabilidad civil cubierto) es que paguen un euro a IAPAE, una asociación que se dedica, por orden, a tres cosas: asesorar a las familias en caso de que su hijo esté sufriendo acoso escolar; ayudar a los profesores para que solucionen los problemas que pueden concurrir en una clase; y hablar con los sanitarios para identificar a los niños que sufren maltratos.

Ellos, por tanto, miran por los niños, pero no tienen claro que la administración, en este caso concreto, esté haciendo lo mismo. En cualquier caso, quieren comprobarlo y así lo harán sus ‘reclutados’ cuando dé el pistoletazo de salida el curso más caótico de la historia de España.