José Luis Moltó, un hombre de 66 años, murió apuñalado en la noche del lunes en un piso de la localidad de Godella (Valencia) en el que vivía con su hija Sandra. Ella ha sido detenida acusada de haber matado a su padre a cuchilladas. La policía investiga este crimen y las circunstancias en las que ha ocurrido. Los vecinos del bloque hablan de desenlace esperado. Estaban hartos de los gritos, amenazas y denuncias cruzadas que hacían que la presencia policial fuera el pan de cada día en este edificio.
“Era una bomba explosiva”, comenta Beatriz, una vecina del edificio. Ella explica que Sandra, la hija -de 33 años-, era una persona conflictiva que solía insultar a la gente y que tenía a su padre acobardado. “Lo último que recuerdo de él es que un día en el parque me dijo: Es que me va a matar, le tengo miedo”.
Otros vecinos del mismo bloque confirman que las discusiones y los gritos eran continuas. El morador del piso de abajo, por ejemplo, asegura que la Policía habrá llamado a su puerta unas treinta veces para que abriera y poder acceder a la casa de José Luis. “En una semana podían venir hasta tres veces”, asegura.
Gritos desgarradores
La situación era tan asfixiante que ninguno de ellos salió a ver qué estaba pasando cuando los gritos habituales se convirtieron en la noche del lunes en gritos desgarradores. Pero sí llamaron a la Policía, como solían hacer siempre.
Los hechos ocurrieron sobre las 22.40 en un edificio de la avenida Rocafort de Godella, un municipio de unos 13.000 habitantes próximo a Valencia. A esa hora, el 112 recibió una serie de llamadas que alertaban de un riña y de que había sangre. Cuando llegaron los agentes, el hombre yacía muerto en el suelo del pasillo y con cuchilladas por el cuerpo. Allí estaba la hija, con manchas de sangre y, según ha explicado este martes el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, hacía “manifestaciones incoherentes” a los agentes. La Policía Nacional la ha detenido por el presunto asesinato de su padre.
El vecino de la puerta de al lado relata lo que escuchó. Cuenta que estaba viendo la televisión cuando, sobre las diez y media de la noche, empezó a escuchar gritos. Su casa está pared con pared con la de José Luis. “Siempre estaban igual, así que no hice caso y subí el volumen”, dice. Al final acabó yéndose a la cama y allí escuchó gritos que ya no eran los de siempre.
Marcas de sangre
“Oí algo espantoso (…) Eran gritos de desesperación”, apunta. Más tarde escuchó cómo llamaban a su timbre, según dice era José Luis (le llaman Pepe) pidiendo auxilio, pero tampoco abrió por miedo. Las marcas de sangre en el timbre son mudo testigo de los hechos. En la mañana de este martes se lamentaba: “Quien iba a decir que le estaban matando, siempre estaban discutiendo”.
La relación familiar era muy conflictiva pero confusa. Unos vecinos hablan de que José Luis estaba amedrentado por su hija y por la madre. Que habían escuchado anteriormente amenazas de muerte hacia él pero también a ella diciéndole que la matara. En este clima, la Policía Local de Godella recibía habitualmente llamadas de ambas acusándole de malos tratos.
Desde el Ayuntamiento confirman estas llamadas, así como que a él se lo llevaban detenido de forma preventiva. “Se denunciaban unos a otros”, dicen fuentes municipales, que aseguran que sí consta una denuncia por violencia de género en 2010, pero no saben qué recorrido tuvo ni si hay condena o antecedentes policiales por ello. Los vecinos hablan de que él vivía acobardado.
Una familia que perdió todo
Este martes, el vecindario se lamentaba de lo ocurrido con frases como “se veía venir” y “nadie hacía nada”. El Ayuntamiento de Godella explica, por su parte, que desde el año 2009 estaban trabajando con esta familia.
En Godella hablan de José Luis y su familia (además de Sandra tiene otro hijo que vive fuera de la provincia) como una familia adinerada. De hecho cuentan que hace años vivían en Campolivar, una zona residencial de chalés de lujo, en un gran chalé. Él trabajaba en una compañía eléctrica. No se sabe por qué, pero en este municipio valenciano hablan de que se quedaron sin dinero de la noche a la mañana. Lo perdieron todo.
Hace diez años que se mudaron de un lujoso chalet al bloque donde se ha cometido el parricidio, donde debían a la comunidad más de 3.000 euros
Hace unos diez años que se fueron a vivir en el bloque donde se ha cometido el parricidio. Un edificio modesto, sin ascensor, y donde debían a la comunidad más de 3.000 euros. “No pagaban el agua y tenían enganchada la luz”, afirma otro de los vecinos. También el padre tenía deudas en algunos bares de la zona. “Aquí ya no venía por lo que debía”, dicen en el bar de debajo de su casa.
¿Una disputa por la pensión?
Desde el departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento explican que empezaron a trabajar con ellos en 2009. Primero por problemas económicos, pero luego derivó en atenciones por salud mental y conductas adictivas. Así, fuentes municipales confirman que en 2014 remitieron a Fiscalía un informe en el que pedían medidas para la madre y para la hija, la ahora detenida. Al final, se decretó internamiento en un centro de salud mental para la madre, pero no para Sandra.
Los problemas siguieron, así que en mayo de 2016 se envió un nuevo informe sobre la hija. Según indican, se apuntaba un posible problema de salud mental y conductas adictivas. “A mi puerta llamaba muchas veces pidiendo cualquier tipo de pastillas [medicamentos]. Le daba igual cuál, solo pedía pastillas porque sabía que mi mujer trabajaba en el sector sanitario”, cuenta otro vecino del bloque.
No ha trascendido qué pasó con este nuevo expediente de 2016. Sandra M. no fue internada como su madre y se quedó viviendo con su padre. “Ambos tenían una patología complicada”, ha asegurado el delegado del Gobierno sin dar más detalles.
La Policía Nacional está investigando el parricidio y no confirma si sobre la detenida consta oficialmente algún problema de salud mental. Sobre los motivos que pudieron llevar a Sandra a atacar a su padre podría estar el dinero. Son muchos los vecinos que han asegurado que ella le pedía "la paga" cada vez que cobraba la pensión, lo que ocurría a partir del 25 o 27 de cada mes. Este extremo no ha sido confirmado por la Policía, que mantiene abiertas todas las hipótesis.