"Me obligó a abortar para seguir prostituyéndome": a juicio un proxeneta rumano, en Gran Canaria

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria investiga a un presunto lover boy -persona que enamora a sus víctimas hasta que consigue que renuncien a su vida por estar con él con el fin de obligarlas a prostituirse- de procedencia rumana. Los hechos tuvieron lugar entre el 2012 y el 2018, y en ellos se vieron implicadas dos víctimas.

Como consecuencia de la denuncia de una de las afectadas, la magistrada Auxiliadora Díaz envió una orden de detención internacional sobre el acusado, siendo detenido en Rumanía y trasladado a España. Actualmente se encuentra en Madrid, a la espera de ser trasladado a Gran Canaria. Paralelamente, se le retiró al detenido la custodia de su hijo, pasando íntegramente a ser responsabilidad de su madre.

En su declaración, la víctima ha relatado "me obligó a ejercer la prostitución en una casa de la calle Molino de Viento", en la capital grancanaria.

Ha explicado el fuerte control al que era sometida por su pareja, quien no le dejaba hablar con nadie y "me vigilaba constantemente". "Contabilizaba los preservativos que empleaba en los servicios antes y después para determinar el importe exacto del dinero que había ganado. Todo lo que conseguía, se lo tenía que dar a él", explicó.

Según relata la orden internacional de detención, la denunciante conoció al detenido cuando tenía 14 años. Comenzaron una relación sentimental y, al cumplir la mayoría de edad, se mudaron a España. Una vez aquí, fue forzada por su pareja a ejercer la prostitución. Además, relata la víctima que la obligó a abortar en 2015. "Me obligó a abortar para que pudiera seguir prostituyéndome". Finalmente, desobedeció la orden y dio a luz en febrero de 2016.

El detenido -según cuenta la orden- golpeaba con frecuencia a su pareja cuando consideraba que no traía el dinero suficiente a casa. "Me pegó con un ambientador de aluminio en la cabeza y con el puño en las costillas", recordó la víctima. También cuando se negó a dejar a su hijo en Rumanía, todo orientado a extraer más beneficio económico de ella.

Hechos muy similares se produjeron con la otra víctima, con quien mantuvo un noviazgo también desde los 12 años.

Por estos delitos, la acusación pide para el presunto maltratador 32 años de cárcel. La Policía Nacional ha valorado la conducta de este individuo como de "riesgo extremo". Posee también en su historial numerosos antecedentes penales como amenazas, falsificaciones, detención ilegal y lesiones.  

Por primera vez en España, se está instruyendo un procedimiento que acusa a un ciudadano de prostitución coactiva y trata de seres humanos, además de ejercer maltrato y provocar lesiones, aplicando el Convenio de Estambul.