Pablo, el fotógrafo que compartió material porno de 11 menores, se enfrenta a 85 años de cárcel

Un hombre de 44 años se enfrenta a una posible pena de prisión de 85 años por la acusación de múltiples delitos, entre ellos el abuso sexual de menores, en Santa Cruz de Tenerife.

Pablo Jesús H. G. trabajaba como fotógrafo en Tenerife hasta que fue detenido en noviembre de 2017. Se le imputaron los delitos de abusos sexuales, distribución de pornografía infantil, exhibicionismo, provocación sexual y corrupción de menores de edad.

Hasta once menores denunciaron que el acusado aprovechó su condición de fotógrafo para cometer dichos delitos contra ellos. Desde el día de su detención permanece en prisión, ya que contaba en su historial con varios antecedentes de la misma naturaleza y por los que fue condenado.

Según relata el Ministerio Fiscal, "el acusado se sirvió de la condición de fotógrafo de determinados eventos sociales, se publicitaba a través de determinadas redes sociales como Instragram o Facebook bajo la denominación de P.J. Photos".

El reclamo con el que captaba a los menores era ofrecerles "sesiones fotográficas, con la promesa de crearles un book de fotos que les pudiera servir para iniciar o lanzar su carrera profesional como modelos" de manera gratuita. En las conversaciones previas que se producían a través de redes sociales como WhatsApp o Instagram, Pablo Jesús solicitaba a los menores que se desnudasen íntegramente para posar ante su cámara.

La Fiscalía considera que el investigado realizaba estas sesiones con la intención de satisfacer sus instintos de naturaleza sexual y conociendo que sus víctimas eran menores de edad. Además, añade que estas sesiones servían para establecer "contactos verbales más íntimos y de carácter sexual".

Una vez conseguía su objetivo, el acusado "realizaba a todos los menores solicitudes de naturaleza libidinosa, bien para que practicaran con él sexo oral, le realizaran tocamientos o bien mantuvieran relaciones sexuales completas con él, con penetración anal y venciendo las resistencias y voluntades", tal y como describe el relato de la Fiscalía.

Por estos delitos, la Fiscalía solicita (además de la pena de 85 años de prisión) una pena de 10 años de libertad vigilada, otros cinco de alejamiento sobre cada una de las víctimas y el abono de 38.000 euros por daños morales.