La Fiscalía pide 130 años para el descuartizador de Marta Calvo por 8 abusos sexuales y 3 homicidios

La fiscal del caso contra Jorge Ignacio P. J., descuartizador confeso de Marta Calvo, solicita un total de 130 años de cárcel en el procedimiento que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción 20 de Valencia. Se le investiga por abusar sexualmente y matar a tres mujeres, entre las que también se encuentran Lady Marcela Vargas y Arliene Ramos, y por abusar sexualmente de otras ocho.

Según precisa a EL ESPAÑOL la Fiscalía de Valencia, las penas solicitadas son de 15 años de prisión en los tres casos en los que concurren los delitos de homicidio y abuso sexual, y de 10 años en los que se trata de abuso sexual y lesiones.

A su vez, reclama 5 años de cárcel adicionales por un delito contra la salud pública. Jorge Ignacio P. J., según la investigación, aprovechaba las relaciones sexuales para introducir cocaína en la vagina de sus víctimas, técnica denominada como 'fiesta blanca'.

El total de 130 años representa una de las mayores penas conjuntas jamás solicitadas en un caso penal en la Comunidad Valenciana, tal y como avanzó este lunes el diario Las Provincias.

El Ministerio Público, a su vez, solicita indemnizaciones económicas a víctimas y familiares que suman un total de 334.000 euros. Y además, por cada uno de los delitos a las mujeres, la Fiscalía pide que se le impongan 12 años de prohibición de entrada en la provincia de Valencia y 8 de libertad vigilada.

Compró una sierra

De todos los crímenes que se le imputan, el que ha tenido una mayor trascendencia mediática es el asesinato de Marta Calvo, ya que todavía no ha aparecido el cadáver de la joven. Jorge Ignacio P. J. niega haberla matado, pero sí dice haberla descuartizado. Según explicó el hombre de 39 años, el 8 de noviembre de 2019, un día después de la muerte de Marta, se dirigió al municipio de L'Olleria para adquirir una sierra para descuartizarla tras una supuesta muerte accidental de la joven.

Lo último que sus familiares supieron de ella fue que acudió a Manuel a una cita con un hombre. Dos días más tarde, su madre se personó en la vivienda del acusado, adonde la condujo la última comunicación que tuvo con su hija, un mensaje de WhatsApp con esa localización. El supuesto autor del crimen dijo inicialmente que no la conocía.

El sospechoso se entregó el 4 de diciembre y atribuyó la muerte a un consumo excesivo de cocaína. La familia de Marta, por descontado, no se cree esta versión. Duda incluso que haya sido descuartizada. Considera que se trata todo de una estratagema para ocultar dónde se encuentra el cuerpo de la joven, que sería la principal prueba del delito.

Por ello, la familia impulsa una plataforma ciudadana con el objetivo de que se endurezcan las penas para aquellos criminales que, acogiéndose a su derecho a guardar silencio, oculten el paradero de los cuerpos sin vida de sus víctimas. "Provoca un dolor indescriptible que un miserable diga haberse deshecho del cuerpo de Marta, pero se niegue a decir dónde se encuentra. Esto, lejos de ser un derecho, debería estar castigado", afirmó a este diario Mariano Navarro, portavoz de la madre.

La iniciativa cuenta con el respaldo de la familia de Marta del Castillo, "que lleva 12 años sufriendo lo indecible". "No queremos que el caso de Marta Calvo sea la segunda parte del de Marta del Castillo, y por eso vamos a impulsar un cambio legislativo", alega. Su ejemplo a seguir es el de Juan Carlos Quer, padre de la joven asesinada Diana e "impulsor de la prisión permanente revisable".