Ante la aprobación de la Ley de Regulación de las Corridas de Toros y Protección de los Animales en las Islas Baleares, que mutila aspectos esenciales de la corrida de toros, la Fundación del Toro de Lidia (FTL) anuncia que está a la espera del texto final para estudiarlo en detalle y actuar en consecuencia.
La norma, conocida como Ley de “Toros a la Balear” ha sido aprobada por los componentes del Pacte: Partit Socialista de les Illes Balears, Podemos, Més per Menorca, Més per Mallorca.
No obstante, la FTL ya ha explicitado su opinión jurídica al respecto en algunos artículos publicados tanto en prensa nacional como en diarios regionales de las Islas Baleares: la Ley de Regulación de las Corridas de Toros en las Islas Baleares es un fraude de ley, al pretender prohibir las corridas de toros por medio de una argucia legal, cual es una regulación esperpéntica que las desnaturaliza por completo.
El Tribunal Constitucional en su sentencia del 20 de octubre de 2016 dejó claro que ningún legislador autonómico puede prohibir las corridas de toros, si bien entra dentro del ámbito de competencia autonómico la regulación de las mismas.
Esta es la argucia legal utilizada por el gobierno balear, regular las corridas de toros de tal forma que en la práctica queden prohibidas.
La ley aprobada por el Parlamento de las Islas Baleares es una burla a toda una serie de principios jurídicos y pronunciamientos de los tribunales, una ley que no tiene ninguna posibilidad de prosperar una vez interpuestos los pertinentes recursos.
Así, ante una ley que choca frontalmente contra la Legislación vigente y la doctrina del Tribunal Constitucional, la Fundación Toro de Lidia, dentro de sus competencias y cuando proceda, comunicará las iniciativas realizadas para defender la legalidad vigente, algunas de ellas ya en marcha.
Por otra parte, y dentro de las Islas Baleares, se informa que el Tribunal Contencioso Administrativo de Palma de Mallorca, en su resolución del 7 de julio de 2016, ha estimado parcialmente el recurso planteado por la FTL contra el Acuerdo de declaración de Palma como “municipio libre de maltrato animal y antitaurino”, aprobado por el Pleno de 30 de julio de 2015.