PONTEVEDRA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) –

El Hotel Augusta Eco Wellnes Resort de Sanxenxo (Pontevedra), por cuya celebración de Fin de Año la Policía Local denunció a una veintena de personas por infringir la normativa sanitaria, niega tajantemente estos incumplimientos y avanza que se reserva su derecho a ejercer "las acciones legales" para defender sus "intereses", sus "derechos" y su "buen nombre".

A través de un comunicado publicado este sábado en sus redes sociales, la dirección de este complejo insiste en que las informaciones que apuntan a una fiesta de Nochevieja en sus instalaciones –según recogió una nota de prensa del Ayuntamiento de Sanxenxo– son "alarmantes", "preocupantes", un "flagrante atropello a la verdad".

Ante ello, el hotel evita entrar "en polémicas ni discusiones" en los medios, al tiempo que lamenta "muy sinceramente" la "más que desagradable situación que han vivido" sus clientes con controles en las puertas por parte de la Policía Local, activados después de detectarse en redes sociales que el establecimiento anunciaba una cena con DJ.

"Es radical y absolutamente falso que el Augusta Eco Wellnes Resort celebrase una fiesta de Fin de Año vulnerando la normativa legalmente establecida en materia de seguridad y contraviniendo las normas relativas a la protección frente a la covid-19", asegura en el comunicado.

Y es que, de acuerdo con la versión del hotel, esta cena era "exclusivamente para los clientes que estaban en él alojados", por lo que asistieron un total de 42 personas –35 adultos, seis niños y un bebé– en un comedor que tiene una capacidad para 270 personas, "lo que representa un aforo de menos del 15 por ciento".

Además, asegura que las mesas cumplían "rigurosamente" con las distancias, que la cena estuvo amenizada con "música ambiental" sin que "en ningún momento" hubiese aglomeraciones ni bailes y que "todos los asistentes" portaban "sus correspondientes medidas de protección individual".

Requerimiento de salud pública

La dirección del hotel reconoce que una patrulla de la Policía Local se personó en el lugar el lunes, 28 de diciembre, para informar de la necesidad de que se cumpliese la normativa sanitaria en la celebración. Sin embargo, el establecimiento requirió que se comunicase por escrito "si existía algún tipo de denuncia o incumplimiento".

Dos días más tarde, el miércoles 30 por la mañana, el cuerpo local entregó un "requerimiento de salud pública", ante el cual la dirección del hotel respondió por la tarde en otro escrito que "no tendrá lugar ninguna fiesta de Fin de Año, ni habrá baile con barra libre" y que no asistiría "ningún cliente no alojado".

Así las cosas, el Augusta Eco Wellnes Resort afirma que su actitud fue "de total colaboración" con las autoridades municipales, que además "estaban plena y totalmente informados y eran conocedores de los pormenores". "Todo ello sin que recibiésemos ningún tipo de advertencia o reproche" después de lo que se les comunicó el 30 por la tarde, explica.

Personas de distintas lugares de Galicia

Pese a estas manifestaciones, el comunicado del Ayuntamiento cuenta cómo el propio día 31 la Policía interceptó en las inmediaciones del hotel una veintena de vehículos procedentes de distintos puntos de Galicia, entre ellos Muxía, Vigo, Lugo y Ourense, a pesar de que el municipio de Sanxenxo se encuentra cerrado perimetralmente –salvo para causas como reuniones familiares durante las fechas navideñas, entre otras–.

Más tarde, de madrugada, la patrulla que acudió al establecimiento para realizar las comprobaciones pertinentes localizó a una pareja de O Barco de Valdeorras (Ourense) que "no pudo justificar su presencia en Sanxenxo".

Además, cuando los agentes accedieron al interior del hotel, corroboraron cómo había restos de la celebración y cómo "se estaban sirviendo copas en la barra a varias personas".

Tras este episodio, la Policía Local procedió a revisar la lista de huéspedes durante la noche de Fin de Año para interponer las denuncias que correspondan. El gerente del hotel se enfrenta a multas por varias infracciones consideradas muy graves y que pueden superar los 15.000 euros en total, según el Ayuntamiento.