La permanencia de la celulosa en Lourizán (Pontevedra) tiene los días contados a causa de un artículo de la nueva Ley de Cambio Climático, que pretende que las concesiones administrativas en el dominio público marítimo-terrestre no puedan tener una duración superior a los 75 años desde la primera concesión.

Por esta razón sus empleados llevan varias semanas manifestándose, con el fin de exigir al Gobierno que modifique ese artículo "que dejaría en la calle a más de 5.000 trabajadores", decía CCOO en la última concentración.

Ahora han dado un paso más y varios empleados de la planta pontevedresa se han trasladado a la ciudad de A Coruña para concentrarse frente a la sede de la Delegación del Gobierno, cortando varias calles y tratando de llamar la atención del delegado Javier Losada.

Reclaman que la fábrica no cierre en 2033, cuando acabaría la actual concesión, y buscan garantías de futuro para todas las familias que dependen de ella. "Con la crisis industrial que se vive en Galicia no se puede permitir el cierre de ninguna empresa más y que ningún trabajador se vaya a la calle", comentaba Rubén Fernández, trabajador de Ence en la fábrica y miembro de la comisión ejecutiva de CCOO, en manifestaciones anteriores.