Hace unos minutos un hombre de 58 años se precipitaba desde el puente pontevedrés de A Barca, sobre la autopista AP-9, tras lo que fallecía. Fuentes consultadas por Treintayseis aseguran que el fallecido sería Lito, ‘el rey de las orquestas’, que estaba actualmente siendo juzgado por una decena de delitos fiscales.
La Audiencia Provincial de Pontevedra suspendía el pasado noviembre el juicio contra Ángel Martínez Pérez, Lito, acusado de defraudación tributaria, por su estado de salud. Fuentes judiciales detallaban entonces que el tribunal ha decidido suspender la vista debido a que el acusado ha remitido "un informe forense conforme no está en condiciones de asistir". Por el momento, no se había una nueva fecha para este juicio.
La Asociación de Servizo de Festas de Galicia, que ha confirmado el fallecimiento de Lito, ha querido transmitir el pésame a la familia y han querido reconocer que "gracias a él las orquestas de Galicia fueron reconocidas a nivel nacional". También han agradecido el apoyo que siempre mostró el empresario "al 100% de la verbena gallega: siempre que nos hizo falta él estaba ahí".
Han asegurado que "debería hacerse un homenaje de parte de todo el sector", porque Lito "será recordado como la persona más grande y que más podía aportar a la verbena gallega".
Delitos y petición de penas
Recientemente, el pasado mes de junio, el conocido como ‘el rey de las orquestas en Galicia’ ya fue condenado por la Audiencia Provincial de Pontevedra a dos años y tres meses de cárcel por no declarar 326.374 euros correspondientes al IVA de los años 2011 y 2012, cuando la compañía que presidía tuvo unos ingresos de más de 2,5 millones.
La Fiscalía consideraba al acusado autor de diez delitos fiscales, entre ellos dos delitos agravados contra la Hacienda Pública dado el valor de la defraudación, superior a 600.000 euros en ambos casos. Estos delitos se refieren cuotas tributarias defraudadas entre 2009 y 2012 en el IRPF, el IVA y el concepto fiscal de Retenciones sobre los Rendimientos del Trabajo Personal y de las Actividades Profesionales.
Por ello, pedían que Martínez Pérez fuese condenado a penas que sumas 35 años de prisión y que abonase una multa de 13 millones de euros, así como que se le imponga la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o de incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de 34 años.