MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) –

El Juzgado número 1 de lo Contencioso Administrativo de Santiago de Compostela ha desestimado el recurso contencioso administrativo de una mujer que reclamaba 500.000 euros al Servicio Galego de Saúde (Sergas) por "mala praxis" tanto en el seguimiento de su embarazo, que desembocó en una muerte perinatal, como en las maniobras utilizadas durante el parto que le dejaron secuelas físicas y psicológicas.

"Al conocer la sentencia, he sentido decepción y rabia", ha lamentado la demandante, Beatriz, en declaraciones a Europa Press tras conocer la decisión del juez. Además, subraya que ella lo único que quiere es "justicia" y que ninguna mujer más tenga que pasar por lo que ella pasó.

"Yo no lo hago por dinero sino por justicia y para los que vengan detrás, no quiero que le vuelva a pasar a nadie. Tratarte bien no cuesta dinero. Cuestan dinero unas gasas, los utensilios, pero la humanidad no cuesta dinero", ha remarcado.

Beatriz tenía 35 años cuando se quedó embarazada por segunda vez. Debido a que era un embarazo de riesgo, el Hospital de Verín decidió encomendar el seguimiento del parto al Hospital de Ourense al carecer aquel de los medios necesarios para abordar el tratamiento.

Tal y como explica la propia Beatriz en una petición lanzada hace cuatro años en Change.org, cuando estaba embarazada de 41 semanas, a punto de dar a luz, le dijeron que la niña había fallecido. La llevaron al paritorio y empezaron las que serían "las peores 24 horas" de su vida, tal y como las describe.

Sin ayuda psicológica

"Nadie me preparó para lo que iba a ser una experiencia traumática. Nadie. Ni a mí ni a mi marido. Ninguna ayuda psicológica previa al parto, ningún consejo, ninguna orientación. Di a luz a mi hija sin vida igual que si se tratara de un parto común. Me llevaron a una habitación en la que estaba rodeada de madres con sus bebés recién nacidos, pedí que me cambiaran, pero me dejaron allí. Después me subieron a la planta de maternidad", recuerda.

Según Beatriz, en el Hospital de Ourense se produjo una "mala praxis" que consistió en prolongar la gestación más allá de lo previsto en las guías médicas, sin programar de antemano una cesárea. En la sentencia se puede leer que, en efecto, los demandantes sostienen que "se dejó crecer al niño hasta casi superar los cuatro kilos y medio, lo que desembocó en una macrosomía fetal que, unida a los restantes factores de riesgo de la madre, provocaron el fallecimiento intrauterino por una infección amniótica".

Si bien, Beatriz precisa que el fallecimiento no se debió a una infección sino a "muerte tardía". "Fue porque la niña estaba fuera de tiempo, por muerte tardía ponía la autopsia", ha puntualizado.

Beatriz explica que acudió al Hospital de Ourense a hacerse un test basal, que evalúa el estado de salud fetal y le dijeron "que todo estaba bien" pero cuando se dirigió a entregar los resultados fue a orinar y notó algo en el color. Le repitieron el test basal y le comunicaron que la niña había fallecido. "Hacía 10 minutos me dijeron que estaba todo bien y entonces me dicen que murió", recuerda.

No obstante, Beatriz no solo denuncia la "mala praxis" sino también el "trato" que les dieron, pues afirma que les trasladaron al mismo paritorio con otras madres, no pudo ver ni un momento a su hija ni conservar ningún recuerdo –como la pinza del cordón o la huella dactilar–. "No me dejaron ni ver a mi hija, no sé si tenía los ojos azules o verdes", lamenta.

La llevaron a una sala con madres y sus recién nacidos

Además, cuenta que la llevaron a una sala en la que las madres hacían la técnica ‘piel con piel’ con sus hijos, que consiste en colocar al recién nacido en contacto con la piel de su madre. "Y yo estaba con las manos vacías, les pedí que me quitaran de allí, tenían que tener un poco más de humanidad. Allí brilló por su ausencia", denuncia. Además, en la sentencia se explica que la expulsión del feto se complicó y generó una serie de desgarros en la madre, así como una infección que la obligó a someterse a tratamientos e intervenciones posteriores.

Tal y como lo recuerda Beatriz, en los días siguientes, la situación empeoró. "No me vino a ver el médico, tenía fiebre, me decían que era normal", comenta. Después, por la insistencia de su suegra, según afirma, los doctores encontraron una infección abdominal que la obligó a pasar nueve horas en el quirófano. En total, estuvo un mes hospitalizada y, una vez fuera, necesitó varios meses de curas. A esto se sumó tener que enfrentarse en casa a la ropa del bebé, el carro y al cementerio, pues ella decidió enterrar a su hija.

Los demandantes consideran que "existe una relación de causalidad clara, directa y sin interferencias entre la negligente actuación de los servicios sanitarios y el resultado lesivo acontecido tanto por falta de supervisión durante el embarazo de riesgo, como por las atenciones nefastas y atropelladas durante el parto".

Todo ello, aseguran, ha ocasionado secuelas de nivel físico y psíquico en Beatriz, así como la pérdida de una hija para ella y su pareja y de una nieta para los otros reclamantes. Por todo ello, solicitaban una indemnización por importe de 500.000 euros. Si bien, Beatriz insiste en que ella no ha acudido a los tribunales por el dinero sino "por justicia".

Los codemandados se opusieron al considerar que no hubo infracción alguna de la lex artis y, subsidiariamente, en caso de que se estimara lo contrario, por considerar excesiva y desproporcionada la indemnización solicitada, según se recoge en la sentencia.

El juez no aprecia mala praxis

Ahora, el juez ha desestimado la Resolución por la que se desestimaba la reclamación previa de responsabilidad patrimonial pues considera que no se "aprecia en este caso vulneración alguna de la Lex Artis ni, por consiguiente, la existencia de un daño antijurídico".

Según se lee en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, "no puede concluirse que el fallecimiento del feto se deba a una asistencia médica contraria a la lex artis, afirmación que se sustenta exclusivamente en la opinión de un perito de parte" sin "garantías de objetividad e imparcialidad" que sí ostenta en cambio, según el juez, el médico forense del Instituto de Medicina Legal de Galicia que aseguró que la actuación médica dispensada a la paciente fue en todo momento acorde a la lex artis.

Beatriz dice haber sentido "rabia" por la sentencia aunque ya se la esperaba por cómo transcurrió el juicio. "El perito de 77 años estuvo ingresado por Covid, se retrasó mucho y no le dejaron declarar y a mí por poco no me echa del juicio", cuenta, recordando el instante en que no pudo evitar echarse a llorar al escuchar el relato del momento en que los médicos dijeron que tenían que decapitar a la niña para poder sacarla. "El juez me dijo: ‘Señora, esto no es un circo, si no quiere escuchar, váyase fuera. De la tensión, cuando terminó, salí corriendo llorando", asegura Beatriz.

Ante la sentencia desestimatoria, Beatriz y su marido han presentado un recurso de amparo porque consideran que sí existe responsabilidad de la Administración. De acuerdo con el texto, consultado por Europa Press, "si bien es cierto que la Administración sanitaria no está obligada a obtener un resultado favorable total y sin lesión en las intervenciones quirúrgicas y pruebas médicas que practique, lo que no admite justificación es que se produzcan consecuencias que, de haber mediado la diligencia debida, podrían haberse evitado".

Al mismo tiempo, Beatriz mantiene activa su petición en Change.org, que ha recogido más de 238.000 firmas, con la que pide al Ministerio de Sanidad que active en todos los hospitales de España un protocolo para casos de muerte perinatal. Por el momento, lo ha conseguido para Galicia, pero no se rinde y sigue llamando cada semana al Ministerio para reclamarlo y continuar con su lucha.