VIGO, 1 Sep. (EUROPA PRESS) –
EL juzgado de instrucción número 1 de Tui (Pontevedra) ha dictado auto de apertura de juicio oral contra Francisco G.L., dueño de la empresa pirotécnica La Gallega, procesado por la explosión que tuvo lugar en un almacén ilegal en la parroquia de Paramos del municipio tudense en mayo de 2018, y que se saldó con dos personas muertas, decenas de heridos y cuantiosos daños materiales.
La Fiscalía acusa a este hombre de dos delitos de homicidio imprudente, delitos de lesiones imprudentes, delitos de riesgo catastrófico provocado por explosivos, un delito imprudente de estragos y delitos de daños imprudentes; y pide que sea condenado a penas que suman 14 años de prisión, además de inhabilitación para ejercer profesión relacionada con artefactos pirotécnicos.
También reclama que pague indemnizaciones por daños en 430 viviendas y 76 vehículos, por lesiones físicas a 36 personas, por daños en servicios públicos y en diferentes empresas; además de compensar a los hijos del matrimonio fallecido, en 280.000 euros a cada uno.
En su auto, la jueza de instrucción también acuerda que el investigado, la empresa pirotécnica y su entidad aseguradora presten una fianza de 11,2 millones de euros, que deberán ingresar en 10 días bajo apercibimiento de embargo.
Con esa resolución, la magistrada pone fin a la fase de investigación tras más de 4 años, 147 tomos de una causa con más de 37.200 folios, y con la apertura de 508 piezas de responsabilidad civil.
Numerosos perjudicados
En el juicio por estos hechos, que se celebrará en alguna de las salas de lo Penal de Pontevedra, están personadas, además de la acusación pública, numerosas entidades aseguradoras como perjudicadas, así como empresas y particulares, entre ellos los hijos del matrimonio fallecido, que solicitan para Francisco G.L. penas que suman 17 años y 3 meses de cárcel.
Así, están personadas casi una veintena de compañías aseguradoras que, reclaman en su mayoría, como actores civiles, para que se les devuelva el dinero que han tenido que pagar por los daños. No obstante, varias de ellas acusan al investigado por distintos delitos y piden penas de prisión.
También se han personado empresas cuyas instalaciones sufrieron daños, como Telefónica y varios talleres y negocios, así como el Ayuntamiento de Tui, que se adhiere a la acusación de la Fiscalía y también acusa por un delito de riesgo catastrófico y daños imprudentes.
Así, la administración municipal pide para el dueño de la pirotécnica por estos delitos 2 años y tres meses de prisión, multas que suman 16.200 euros e inhabilitación por 9 años, así como una indemnización de algo más de 1 millón de euros.
Por su parte, la Asociación de Afectados en Paramos y Guillarei pide penas que suman más de 9 años de prisión, multas e inhabilitación, además de indemnizaciones por 1,3 millones de euros, y considera al investigado autor de dos homicidios imprudentes, 40 delitos de lesiones imprudentes, delito continuado de riesgo catastrófico por explosivos y daños imprudentes.
Explosión en un almacén ilegal
La explosión del Barrio de la Torre de Paramos se produjo el 23 de mayo de 2018, en un almacén de material pirotécnico en los bajos de una vivienda (se da la circunstancia de que las instalaciones de La Gallega estaban precintadas por problemas urbanísticos, aunque tiempo después de la tragedia fueron demolidas).
La deflagración causó la muerte a un matrimonio de origen marroquí, que dejó huérfanos a dos niños menores; así como lesiones a decenas de personas e importantes daños materiales, dada la magnitud de la onda expansiva (que llegó a varios kilómetros).
Ese mismo día fue detenido Francisco G.L., que quedó posteriormente en libertad provisional e investigado, tras comparecer ante el juzgado. No obstante, tres días después volvió a ser arrestado por la Guardia Civil, tras la localización y registro de otros dos almacenes ilegales de material pirotécnico, con más de una tonelada de sustancias para fabricar explosivos.
Tras una nueva comparecencia en el juzgado, Francisco G.L. ingresó en prisión provisional investigado por dos homicidios imprudentes, daños imprudentes, lesiones y riesgo por tenencia de explosivos. En marzo de 2019, el juzgado acordó su puesta en libertad provisional, con la obligación de comparecer dos veces al mes y la retirada del pasaporte.