VIGO, 27 Sep. (EUROPA PRESS) –

La armadora del pesquero gallego ‘Villa de Pitanxo’, Pesquerías Nores Marín, y el capitán del buque, Juan Padín, también han recurrido la decisión del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno de asumir la investigación, por lo que han solicitado que sean los juzgados de Marín o de Cangas (Pontevedra) quienes se hagan cargo del caso.

Así, en un recurso de reforma fechado a 13 de septiembre la compañía Nores solicitó que se dejase "sin efecto" el auto por el que Ismael Moreno se hacía cargo de la causa, añadiendo además que la competencia corresponde a los Juzgados de Instrucción de Marín, o en su defecto, que debería ser el Tribunal Supremo el que se pronuncie sobre qué tribunal es competente.

Para argumentar su petición, la armadora recurre al auto de la Audiencia Nacional del 4 de abril, cuando trató de inhibirse a favor del Juzgado de Instrucción de Marín (posteriormente Marín rechazó el caso). "Los hechos delictivos cometidos dentro del territorio español por asimilación a éste de los buques y aeronaves españoles, quedan extramuros de la competencia de la Audiencia Nacional", rezaba aquel auto.

Nores también ha citado la Ley Orgánica del Poder Judicial, que indica que "en el orden penal corresponderá a la jurisdicción española el conocimiento de las causas por delitos y faltas cometidas en territorio español o cometidas a bordo de buques o aeronaves españoles, sin perjuicio de lo prevenido en los Tratados Internacionales de los que España forma parte".

También se ha referido a un auto del Tribunal Supremo que dice que en el supuesto de que un delito fuese supuestamente cometido en un buque español que no llegó a puerto por haberse ido a pique en aguas internacionales y en el supuesto de que se formule una denuncia contra una persona determinada "la competencia corresponderá al lugar de residencia del reo presunto". En este caso, Marín, ya que la compañía tiene allí su sede.

Recurso del capitán

Por su parte, la defensa de Juan Padín, único superviviente investigado en la causa, también ha presentado un recurso de reforma contra el auto de la Audiencia Nacional en el que Ismael Moreno asumía la causa, solicitando que se eleve la consulta al Tribunal Supremo o que el caso sea investigado por los Juzgados de Cangas do Morrazo (Pontevedra).

En el documento, fechado a 15 de septiembre, el capitán explica que en la Ley de Enjuiciamiento Criminal se recoge que cuando un juzgado rehúse el conocimiento de una causa y haya duda acerca de cuál de ellos es el competente, si no hay acuerdo a la primera comunicación, "pondrán el hecho, sin dilación, en conocimiento del superior jerárquico".

"En el caso que nos ocupa, el Juzgado Central rehusó el conocimiento de la causa y remitida la misma al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Marín, por entenderlo el competente, fue devuelta por este, por lo que no habiendo acuerdo entre ambos juzgados, la Ley establece que sin dilación debe ponerse en conocimiento del superior, tras oír al Fiscal y a las partes personadas para que decida lo procedente", reivindica la defensa de Padín.

También asegura que "es evidente que los delitos objeto de investigación no forman parte de las materias atribuidas a la Audiencia Nacional y quedan al margen de su competencia". "Solo cabría dicha posibilidad en el caso de que contemplásemos que los delitos se hubiesen cometido fuera de territorio nacional", añade, explicando que los buques españoles son considerados por ley territorio nacional y no parte del extranjero.

Por todo ello, recurre al mismo razonamiento de la armadora, indicando que el partido judicial que tiene que hacerse cargo de la investigación es el del lugar de residencia del investigado, en su caso de Padín, que sería Cangas. Sin embargo, también reconoce que la vinculación con Marín "sería mayor" ya que es la sede de la armadora, el puerto base del buque y el lugar donde se contrató a los trabajadores.