El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, ha supeditado la bajada al pecio del pesquero gallego ‘Villa de Pitanxo’ a lo que decidan los expertos de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim).
Durante un acto oficial en Vilaboa (Pontevedra) Miñones ha indicado que "el posicionamiento del Gobierno y en este caso del Ministerio es público". "Ya lo hemos dicho en múltiples ocasiones y yo lo reitero: nosotros nos ponemos a disposición de los que creemos que nos tenemos que poner a disposición que son los expertos" y ha añadido que "en este caso, los expertos que están en la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos, llamada Ciaim", dependiente del Ministerio de Transportes.
De esta forma ha contradicho este jueves el anuncio hecho por la Comisión Europea esta misma semana en el que informaba de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya había puesto en marcha los procesos y licitaciones necesarios para esa bajada, atendiendo así a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que ha instado por unanimidad al Gobierno de España a que asuma las reclamaciones de las víctimas del naufragio.
"En el momento en que la Ciaim nos diga si es necesario bajar o que hay que bajar pues nosotros atenderemos esa demanda y por lo tanto haremos lo que corresponda", ha añadido Miñones. Además, el delegado ha subrayado que ese posicionamiento del Gobierno es el mismo "desde el minuto uno" y "seguirá siendo hasta el final".
Reacción de las familias
La portavoz de los familiares, María José de Pazo, ha recordado que los responsables de Seguridad Marítima de la Unión Europea aseguraron que el Gobierno se había comprometido a bajar al barco hundido en 2023, por lo que iba a licitar esta acción.
"Hoy Miñones dice que no, que va a esperar a ver qué dice la Ciaim", ha lamentado De Pazo, quien ha insistido en que la propia Ciaim ya dijo hace semanas que sería útil bajar al pecio para conocer qué ocurrió en la madrugada del 15 de febrero, cuando naufragó el ‘Villa de Pitanxo’.
"Estamos consternados. No entendemos nada", ha añadido la portavoz de las familias, criticando que el Ejecutivo asegurase que iba a asumir el compromiso y ahora diga que no. Por ello, han solicitado información al Ministerio, a Presidencia y a la Comisión Europea para conocer la realidad.