El juzgado de instrucción número 2 de Tui ha contado hoy con una nueva declaración en el caso de la desaparición y muerte de la joven viguesa Déborah Fernández-Cervera en 2001. El perito forense Aitor Curiel, quien había elaborado un informe a petición de la familia hace varios años, ha declarado por videoconferencia esta mañana y ha vuelto a ratificar sus conclusiones: la muerte de la joven tiene una "etiología homicida", ha explicado el abogado de la familia a la salida del juzgado.

Según ha recogido Europa Press, Ramón Amoedo, ha apuntado que Curiel se ha ratificado en su informe y ha respondido a todas las preguntas de las partes, detallando por qué llegó a esa conclusión. Además, Amoedo ha tildado de "sorprendente" que la Fiscalía, e incluso la defensa, hayan intentado desacreditar las conclusiones del perito forense. "Se supone que deben tener interés en esclarecer lo que pasó con Déborah". También ha recordado que la propia autopsia descartó que la víctima tuviese algún problema de salud que pudiera desembocar en una muerte natural.

La familia y su representante legal han lamentado que, más de 20 años después de lo ocurrido, "todavía" se cuestione la naturaleza de la muerte de la chica, cuando los indicios que se conocen apuntan a que su cuerpo fue lavado, conservado durante varios días en un lugar frío y a resguardo de la fauna cadavérica, y que el semen encontrado en su interior fue introducido postmortem.

"No cabe duda de que Déborah se murió, se transportó volando a O Rosal, allí se desnudó y vino semen volando a introducirse en su cuerpo. Es la explicación que alguien quiere que exista al final", ha ironizado el letrado de la familia, que lleva más de 20 años pidiendo justicia para la joven viguesa.

Archivo y sobreseimiento

Ramón Amoedo ha reconocido que la declaración de hoy no implicará grandes cambios en el proceso. Además, ha insistido en que la Fiscalía debería pedir el archivo y sobreseimiento provisional, porque si está convencida de que no hubo un homicidio, "se están gastando recursos y medios públicos" en una instrucción "por un delito que no existe".

No obstante, el abogado ha recordado que existen informes policiales de hace años que apuntan al exnovio de Déborah "y no se ha hecho nada". "Tuvo que ser la Audiencia, a tres meses de que prescribieran los hechos, la que ordenó que se llamará a declarar al único investigado", ha añadido.

Amoedo no ha querido pronunciarse sobre los argumentos de la Fiscalía para mantener su posición: "Que lo expliquen ellos. Durante los últimos 4 años no han propuesto nada, solo se han dedicado a poner palos en la rueda".

"No sé qué hacemos aquí"

Cuestionado sobre si la declaración de este jueves puede suponer un punto de inflexión, y encarar el proceso hacia un auto de apertura de juicio, el letrado ha recalcado que no tiene "ninguna esperanza" de que se celebre ese juicio. Según ha recordado, la Audiencia provincial ya rechazó que se iniciase la tramitación del procedimiento por la ley de tribunal de jurado, argumentando que quedaban diligencias por practicar.

"Yo soy absolutamente claro con la familia, y sigo diciéndolo, no sé qué hacemos aquí", ha aseverado, y ha añadido que se está "dando vueltas" a diversas cuestiones, como el análisis del disco duro o del teléfono móvil, y parece que "alguien quiere alargar esto hasta que nos aburramos". Así, ha proclamado que él ya está "aburrido" y la familia "hasta las narices", por eso ha insistido en que, si el Ministerio Público no ve etiología homicida, debe pedir el archivo.

A partir de ese momento, ha explicado, el sumario se hará "público" y será "la opinión pública la que dictamine a qué conclusión llega". "No es una amenaza ni una fanfarronada, no estoy amenazando a nadie", ha matizado, pero ha advertido de que, si se conoce el sumario (miles de folios en 16 tomos), la sociedad podrá comprobar que "un guión de Torrente se queda corto", porque la instrucción fue "un cachondeo desde el primer momento", con "negligencias, omisiones y fallos".

En lo que respecta al proceso, la familia de Déborah se encuentra ahora a la espera de ver si el juzgado acepta un ‘cara a cara’ entre peritos sobre la manipulación del disco duro del ordenador de la joven, puesto que la Guardia Civil y una empresa contratada por la defensa del investigado no ven indicios de manipulación, mientras que los expertos de Lazarus concluyeron que sí la hubo y, concretamente, una vez que el dispositivo ya había sido entregado a la Policía para su análisis.