La Audiencia Provincial de Pontevedra se ha visto obligada a volver a aplazar el juicio contra José Ramón ‘Nené’ Barral, exalcalde de Ribadumia, por imposibilidad de asistencia de la letrada de la defensa, según adelanta Europa Press. El político debería haber sido juzgado ya en agosto de 2022, cuando el proceso se aplazó por enfermedad de uno de los intervinientes, y en abril de 2023, al coincidir con señalamientos precedentes de algunos de los abogados.

El juicio, que comenzó el pasado septiembre, dirime la responsabilidad del exalcalde y otras 11 personas que, supuestamente, crearon una organización que introdujo tabaco de forma ilegal en España entre 1996 y 2001. El juicio, por unos hechos que se iniciaron hace casi 30 años, se fijó inicialmente en septiembre de 2022, cuando Nené Barral y los otros 11 acusados llegaron a sentarse en el banquillo, pero la sesión se suspendió tras las cuestiones previas para resolver las peticiones de los letrados defensores.

En febrero de este año la Audiencia Provincial declaró nulas las escuchas telefónicas al exalcalde de Ribadumia, llevadas a cabo a partir de febrero de 1999, dejando sin efecto una de las principales pruebas contra él. Asimismo, también declaró nulos los "datos, hallazgos y pruebas" obtenidos a través de las escuchas.

Casi 22 años del delito

Nené Barral está acusado de ser cabecilla de una organización compuesta por otros 9 acusados que, entre 1996 y 2001, se habrían dedicado a introducir tabaco de contrabando en territorio europeo. En 2001, el hasta entonces alcalde de Ribadumia fue detenido por su presunta vinculación con un alijo de 432.000 cajetillas de tabaco.

Más en concreto, el Ministerio Fiscal considera que Barral y otros 9 acusados eran integrantes de un grupo organizado "estable" con la finalidad de introducir en España y en territorio europeo "importantes partidas" de tabaco de procedencia extracomunitaria, por vía marítima y terrestre, o a través de contenedores. Los otros dos acusados estarían implicados solo en la última operación.

Fiscalía considera que disponían de medios materiales, como dos buques pesqueros y un buque mercante, y se les acusa de causar perjuicio económico tanto a la Hacienda Pública estatal como a los presupuestos de la Unión Europea, con cuantías que rondarían los 5 millones de euros. El grupo habría actuado gracias a la colaboración de varios funcionarios de Vigilancia Aduanera, que les permitiría introducir el tabaco a Galicia y en varios países europeos.

En 1997, dice el fiscal, introdujeron 1,17 millones de cajetillas desde Senegal, con un valor de 376 millones de las antiguas pesetas (2,2 millones de euros). En la misma línea, realizaron más operaciones, contando en ocasiones con la colaboración de funcionarios y Guardia Civil para no ser capturados. Dos de los acusados estarían implicados solo en la última operación que se les atribuye.

Por todo ello, Fiscalía considera que los hechos narrados son constitutivos de delitos de asociación ilícita, delitos continuados de contrabando, delitos de revelación de secretos y de cohecho activo y pasivo. Por ello, pide para Nené Barral, como cabecilla, 10 años y medio de cárcel, además de una multa de más de 15,3 millones de euros.

Para el resto de los acusados, pide penas de entre dos y ocho años y multas que también superan los 15 millones de euros. Además, para seis acusados de contrabando también solicita que indemnicen de forma conjunta a la Hacienda Pública Estatal con casi 5 millones de euros y otros tres tendrán que pagar más de 600.000 euros al Heraldo público.