Después de que la propuesta de ley para el traspaso de la titularidad de la AP-9 a la Xunta de Galicia quedara caducada, el grupo parlamentario del Partido Popular en el Parlamento de Galicia ha registrado un nuevo proyecto legislativo para volver a lograr el acuerdo unánime en la cámara autonómica y alcanzar finalmente su puesta en marcha.
Tal y como expone Europa Press, los populares recuperan el texto de la propuesta que se trató de aprobar en el Congreso y le suman algunos artículos nuevos. Por ejemplo, en el primero incluyen la responsabilidad del Estado de financiar actuaciones y dotar a Galicia "de los medios económicos necesarios para ampliar las bonificaciones a los usuarios recurrentes, aumentándolas para todas las categorías de vehículos pesados, y extendiéndolas a familias numerosas y a viajes nocturnos".
También se exige que el Estado asuma las consecuencias económicas que "no sean responsabilidad" de Galicia y "tengan consecuencias en el contrato de la concesión", así como la petición de que el Estado abone el incremento de tarifas del 1% acumulativo anual de los próximos 20 años, recogido en el real decreto de noviembre de 2011.
La propuesta legislativa del PP apunta que ese ingreso estatal iría a parar a la amortización de la ampliación de la AP-9 en los enlaces de Santiago, Cangas y el barrio vigués de Teis. Además, en el artículo dos se detalla que el traspaso entre el Estado y la Xunta debe contener estos compromisos económicos con las actuaciones en la autopista, las compensaciones "derivadas de convenios" y los compromisos de gasto "derivados de las medidas para la bonificación de los peajes".
Valoración del portavoz Pedro Puy
El portavoz parlamentario del PP gallego Pedro Puy ha tildado de "desidia de la mayoría actual del Gobierno" la causa por la que no salió adelante la anterior propuesta de ley sobre la autopista, según recoge Europa Press. Sobre los añadidos del nuevo texto, Puy explica que son una "actualización" para que las obras pendientes se puedan "llevar adelante" y, "sobre todo", para "eliminar la discriminación" que, dice, padece Galicia sobre los peajes de uso de la autopista.