Un policía que participó en la investigación contra miembros del clan gallego de los ‘charlines’, a los que se juzga en la Audiencia Nacional, ha ratificado que en ella se constató el uso de testaferros para el blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas, ya fuera a través de una empresa depuradora como de otras actividades comerciales o del uso de préstamos. Además, ha incidido en una "connivencia" entre los acusados para "ocultar bienes".

"Es Teresa (Charlín) la que ejerce el control permanente de la depuradora", ha señalado en referencia a la empresa que figuraba a nombre de su hija Natalia Somoza, de la que ha asegurado que se constató el ingreso en su cuenta de distintas cuantías, alguna de 600.000 euros, precisó el agente, tal y como recoge Europa Press.

Además, apuntó que la actividad comercial de la empresa de mariscos en la que esta figuraba como titular "no tenía solvencia como para responder de semejante cantidad de dinero", ha apostillado en referencia a esta y otras cantidades.

En similares términos se ha pronunciado respecto a otro de los nueve acusados, el constructor Ramón Rodríguez Paz, al que ha definido como una persona "estrechamente vinculada al clan de la familia de los charlines". "En el análisis de la documentación hay cosas que no cuadran", ha expuesto al resumir actuaciones que tuvo el acusado con algunos de los otros procesados.

"Montaje burdo"

"Una connivencia para la ocultación de bienes y recuperación de fondos", ha indicado este policía, en otra parte de su declaración, sobre lo que ha llegado a calificar de "montaje burdo" en relación a la situación de bienes, subastas de los mismos y su titularidad para, de acuerdo con la investigación, y según ha sostenido este policía que participó en ella, llevar a cabo un blanqueo de capitales.

Además, ha manifestado que "para dar apariencia de legalidad" procedían "a la constitucion de préstamos hipotecarios, práctica habitual en el blanqueo de capitales", ha aclarado. En la misma línea, ha afirmado que otra forma de operar era "coger un terreno, una constructora amiga, ceder el bien y luego quedarse con el dinero".

También apuntó a la existencia de terrenos subastados en 2008 y que acabaron en manos de una de las acusadas, no de la empresa depuradora, según precisó. "Estaba claro quién era el propietario", ha dicho al aludir a Natalia.

Asimismo, se refirió a la existencia de fondos "procedentes de un paraíso fiscal", en alusión a las Islas Vírgenes británicas. Ya sobre otro de los ‘charlines’, Melchor, ha indicado que no disponía de retribuciones "que pudieran sostener la titularidad de bienes".

Un abogado acusado niega los hechos

En esta sesión, también declaró otro de los considerados como testaferro de la familia Charlín, Santiago Do Campo, que ha rechazado tal imputación y ha apelado a su actividad empresarial y como abogado para justificar los movimientos que se hacían a través de la empresa Orco Galaica, en la que Óscar Charlín (otro de los acusados) trabajó como director comercial, según explicó.

"Llevan 15 años abriéndome procedimientos y saliendo absuelto", ha asegurado en una declaración ante su letrada, en la que ha defendido que todo el dinero que obtuvo y con el que operó a través de la empresa Orco Galaica era "lícito". De esta, dijo también que "siempre tuvo licencia de actividad".

Por otra parte, negó haber comprado pisos a través de la empresa y sostuvo que los que obtuvo fue por una permuta, tras adquirir un terreno frente a lo explicado por el policía que vinculó la propiedad con uno de los ‘charlines’.

El acusado, por su parte, ratificó que en China (donde ‘los charlines’ tuvieron negocios, y que el agente que declaró vinculó con los hechos que se les imputan) vio una nave para Manuel Charlín, pero lo situó en un favor que le pidió el considerado ‘patriarca del clan’. "Es un mero testaferro de Óscar (Charlín) y de la familia", sentenció, sin embargo, el policía que ha declarado al aludir a su papel en las relaciones comerciales en países asiáticos.

"Nunca toma decisiones por sí mismo, siempre es a través de Óscar o Melchor", sostuvo sobre dos de los ‘charlines’ acusados. "Orco Galaica es una empresa bajo el control de Óscar y empresa pantalla que les ha servido para sus intereses", ha dicho aludiendo al hecho de que como contratados figurasen también Natalia Somoza o Noemí Outón, nietas de Manuel Charlín, y también procesadas.

Todo ello en una nueva sesión del juicio, que continuará este miércoles, y que se celebra contra parte de miembros del conocido como ‘clan de los charlines’ por blanqueo de capitales derivados de tráfico de drogas cometido en el seno de una organización delictiva, según sostiene Fiscalía, y tras 15 años de investigación.

Juicio contra seis familiares y tres testaferros

Por estos hechos, que se remontan al año 2000 y posteriores, no está en el banquillo de los acusados el patriarca de la familia, Manuel Charlín, que falleció en 2021 a los 89 años. Tampoco ha estado, finalmente, otro acusado, ajeno a la familia, José Tato, al aceptarse el archivo del procedimiento para él planteado por la defensa por tener una ‘demencia sobrevenida’.

Por ello, una causa que se inició inicialmente contra 13 personas, se centra ahora, y por fallecimiento también de otros dos, en nueve acusados: cuatro hijos del patriarca y dos nietas, además de tres personas ajenas a la familia, pero consideradas testaferros.

En su escrito de acusación, la Fiscalía Antidroga solicita penas que van de los cinco a lo seis años de prisión para cada uno de los acusados, entre los que se encuentran hijos y nietos del ‘capo’, y multas que oscilan de los 10 a los 12 millones de euros para cada uno.

También se interesa el decomiso a favor del Estado de bienes patrimoniales, en concreto una depuradora de marisco en Arousa (Pontevedra), varios pisos, trasteros y garajes en Vilanova de Arousa y fondos bloqueados en Suiza, entre otros.