La principal empresa implicada en la trama de corrupción en torno a Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos, adquirió fincas en el ayuntamiento ourensano de Carballeda de Valdeorras con los beneficios de sus operaciones supuestamente fraudulentas.

Lo anterior lo sostiene la Fiscalía Anticorrupción y figura en el auto del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, el cual ha sido recogido por Europa Press. En el documento también se incluye el relato que el Ministerio Público realiza en su querella de la presunta trama vinculada a la venta de mascarillas por parte de la empresa Soluciones de Gestión -propiedad de Íñigo Rotaeche y Luis Presa Medina y perteneciente al Grupo Cueto- que habría empleado a Koldo García como intermediario para facilitar los trámites de los procesos de adjudicación de material sanitario.

Según las mismas fuentes, parte de las plusvalías obtenidas en las citadas operaciones fueron empleadas en la compra de fincas rústicas en la comarca ourensana de Valdeorras, concretamente, en Carballeda. Posteriormente, se traspasaron a la Comercializadora Pizarras Santa Bárbara SL, dedicada a la extracción de pizarra e integrada también en Grupo Cueto.

En definitiva, Anticorrupción considera que "todos los indicios" apuntan a que los fondos dedicados a la compra de estas fincas fueron obtenidos "de manera irregular" y gracias a la intermediación de Koldo García, quien habría cobrado por ello.

Agilización de trámites con el Ministerio de Transportes

Por otro lado, Fiscalía sostiene que García agilizó trámites con el Ministerio de Transportes en la contratación, durante la pandemia, para la venta de mascarillas. Más concretamente, se facilitaron los procesos de adjudicación de material sanitario a la empresa Soluciones de Gestión.

Para Anticorrupción, hay indicios suficientes que permiten concluir que existe "una organización criminal" que se dedicó a "conseguir la adjudicación" de contratos. Además, los cobros habrían sido obtenidos por Koldo García -que entre 2020 y 2022 pasó a ser titular de bienes cuyo valor podría alcanzar una cifra de 1,5 millones de euros- "para mediar y conseguir" dichas adjudicaciones. También se habrían llevado a cabo "operaciones para ocultar estos cobros, así como para evitar la trazabilidad de los ingresos obtenidos como consecuencia de las adjudicaciones irregularidades".

El primer contrato investigado fue el adjudicado por Puertos del Estado

Por otro lado, el Ministerio Público recuerda que el primer contrato investigado en esta trama fue adjudicado por Puertos del Estado, del que formaba parte, dentro de su Consejo Rector, el propio Koldo. El segundo fue adjudicado a ADIF, donde asesoraba al titular de este ente dependiente del Ministerio de Transportes.

Así, dentro del total de los trece contratos denunciados, "tres de ellos se referían a las adjudicaciones de suministro de material sanitario relacionados con la COVID-19, realizadas a la sociedad Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL", recoge el auto.

En concreto, consta un expediente adjudicado en marzo de 2020 por Puertos del Estado por 20 millones de euros, un expediente adjudicado por Adif en esa misma fecha por 12,5 millones de euros, y un expediente adjudicado en abril de ese año por la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial por 3,4 millones de euros.

Pero, además, la empresa también se adjudicó contratos con el Servicio Canario de Salud -cuatro, con un valor total de cerca de 12,3 millones de euros- con el de las Islas Baleares -uno, por 3,7 millones de euros– o con la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.

Las supuestas irregularidades partirían del hecho relacionado con que la actividad social de la empresa adjudicataria "no tiene relación directa con el objeto del contrato, la falta de comprobación de solvencia de la adjudicataria, y una cifra de negocio de 0 en el año 2019 frente a una cifra de negocio de 53,13 millones en el año 2020 por las adjudicaciones".

Íñigo Rotaeche fue puesto en libertad este jueves por el juez de la Audiencia Nacional . La empresa estaba controlada por el Grupo Cueto, vinculado también a Víctor de Aldama, presidente del Zamora C.F. Anticorrupción sostiene que los nueve contratos adjudicados a Soluciones de Gestión generaron un beneficio económico de 5,5 millones de euros a Aldama y de 9,6 millones de euros a Juan Carlos Cueto.

Beneficios transferidos a Brasil y Luxemburgo

En la querella también remarca Anticorrupción que "parte de las ganancias obtenidas por Soluciones de Gestión en los contratos adjudicados gracias a la intermediación de Koldo García, habían sido transferidas a Suro Capital Brasil Paricipacoes LTDA, en una cuenta en Brasil".

Por otro lado, Fiscalía remarca una transferencia de la sociedad MTM 180 Capital, de la que es titular el presidente del Zamora CF, Víctor Aldama, y que habría sido destinada a una sociedad participada por otra que tiene como único accionista una tercera sociedad de Luxemburgo.

Por último, y en el marco de las investigaciones, Anticorrupción también ha llegado a la conclusión de que "Joseba García Izaguirre, hermano de Koldo, y su exmujer (Ana María Rodríguez) son personas utilizadas para ocultar la titularidad real sobre algunos inmuebles". En este extremo, los investigadores detectaron traspasos desde cuentas de Joseba a las cuentas de Koldo, su mujer y su hija: "Hay que destacar que ha sido receptor en sus cuentas de fondos en efectivo que en el año 2020 alcanzan los 130.652,38 euros, 84.907,61 euros en el año 2021, y 52.125 euros en el año 2022", apuntan. Según señala la Fiscalía, el hermano de Koldo ha estado "vinculado" a "organismos independientes del Ministerio de Transportes desde el año 2019".