Manuel Baltar, presidente de la Diputación de Ourense.
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El Senado inicia hoy el trámite para decidir si el Supremo puede juzgar penalmente a Baltar
Después de este primer paso, la Comisión de Suplicatorios votará si sigue adelante con el trámite, que después llegará al Senado
27 marzo, 2024 10:42El Senado ha convocado para este miércoles la Comisión de Suplicatorios, que se reunirá a las 12:00 horas para dar audiencia a Manuel Baltar en relación a la instancia tramitada por el Tribunal Supremo para dirigir el procedimiento penal contra el senador popular. Se trata del primer paso para tramitar dicha instancia y poder juzgar penalmente al expresidente de la Diputación de Ourense por presuntamente conducir su coche a 215 kilómetros por hora en la A-52 en mayo de 2023. En la comisión también se designará a los encargados de los grupos de redactar el texto que finalmente se someterá a votación.
Después de eso, la Comisión de Suplicatorios tendrá que votar si sigue adelante con el trámite, y si así ocurre, el suplicatorio llegará al Pleno del Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta, para decidir antes del 10 de mayo si la Cámara alta da su ‘plácet’ a que el parlamentario Baltar sea juzgado.
La Sala de lo Penal adoptó la decisión de pedir al Senado el suplicatorio después de que la magistrada instructora de la causa, Ana Ferrer, elevara una exposición razonada para que se solicitara la autorización a la Cámara Alta con el fin de suspender la inmunidad que goza el senador como aforado y proceder penalmente contra él al haber apreciado indicios de delito.
En el marco de la resolución, recogida por Europa Press, el tribunal ha estimado pertienente suspender por ahora la tramitación de las actuaciones referidas al senador mientras que el Senado resuelva sobre la autorización solicitada.
La magistrada instructora estimó proceder contra Baltar al entender que, aún aplicando el margen de error del 5% que establece la normativa sobre el resultado del radar, la cifra alcanzaría los 204 kilómetros por hora en un tramo en el que la velocidad máxima permitida era de 120 kilómetros por hora, lo que a su juicio encaja en un delito contra la seguridad vial.
