PONTEVEDRA, 10 May. (EUROPA PRESS) –
La Guardia Civil formuló el pasado año casi 400 denuncias administrativas relacionadas con la protección de la flora y la fauna y contra los recursos naturales y el medio ambiente en las comarcas de O Deza y Tabeirós , según el balance de actuaciones del Seprona en la zona norte de la provincia de Pontevedra.
Según ha informado el Instituto Armado en relación a la ‘Memoria del Seprona 2020’, en colaboración con las demás unidades territoriales de la Guardia Civil en la zona, la patrullas del Seprona con base en el Puesto Principal de Lalín y Puesto de A Estrada formularon el año pasado 385 denuncias administrativas, en las comarcas de O Deza y Tabeirós-Terra de Montes.
En el ámbito administrativo, el mayor número de actuaciones se realizaron en materia de protección animal, donde se formularon 111 denuncias por transgredir la normativa sobre animales de compañía, lo que supone cerca del 40 por ciento del total, y 39 sobre sanidad animal y epizootias, ha concentrado la Benemérita.
Por su parte, las actuaciones administrativas que se llevaron a cabo en relación con la normativa sobre residuos y vertidos se tradujeron en 64 denuncias; y otras tantas por infracciones a legislación de montes y 47 sobre aguas.
La Benemérita destaca como "relevantes" las inspecciones que se realizaron en las distintas áreas de responsabilidad del Seprona para verificar el cumplimiento de la normativa vigente.
De este modo, se llevaron a cabo 73 inspecciones, de ellas 23 fueron en trabajos forestales, 17 en explotaciones agropecuarias, tres en establecimientos de alimentación y dos en locales de venta de animales.
Incendio forestal
Desde el punto de vista penal, el Instituto Armado señala la investigación de un vecino de Forcarei como presunto autor de un delito de incendio forestal por imprudencia, como presunto responsable de una "negligencia grave" cuando realizaba tareas agrícolas.
Dentro del mismo orden de actuaciones penales, destaca la incautación de 4.700 plantas de cannabis en las localidades de Agolada y Lalín, que conllevó la detención de tres personas por un delito contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal.