VIGO, 20 Sep. (EUROPA PRESS) –
ACUALIZACIÓN (17.09):
El juicio contra una veintena de acusados por un alijo de 1.700 kilos de cocaína encontrados en el remolcador ‘Titán III’, que fue interceptado en altamar en agosto de 2018, se ha reanudado este lunes en la Audiencia Provincial de Pontevedra, aunque la causa se ha archivado con respecto a uno de ellos, porque padece una enfermedad mental grave.
El juicio se ha retomado este lunes, después de que el pasado 1 de septiembre se celebrase una vista para abordar las cuestiones previas, en la que los abogados reclamaron la nulidad del proceso por supuestos defectos en la instrucción. Entre otras alegaciones, las defensas argumentaron que las escuchas y registros fueron irregulares, o que el abordaje del barco fue ilegal al estar en aguas internacionales.
El tribunal ha confirmado en un auto que desestima estas cuestiones previas, y la vista se ha reanudado con las declaraciones de los acusados, aunque éstas se retrasaron hasta última hora de la mañana debido a un problema técnico con el sistema de registro y grabación.
NOTICIA ORIGINAL:
La sección quinta de la Audiencia de Pontevedra retomará este lunes en la capital provincial el juicio contra una veintena de acusados por los 1.700 kilos de cocaína intervenidos en agosto del 2018 a bordo del remolcador ‘Titán III’.
En concreto, tras suspenderse la vista en tres ocasiones, la Audiencia de Pontevedra acogió las cuestiones previas del juicio el pasado 1 de septiembre, cuando solo se sentaron en el banquillo 18 de los 21 acusados debido al fallecimiento de uno y a la autorización otorgada a otros dos para no comparecer durante ese turno.
Así, gran parte de las cuestiones previas de la defensa instaron la nulidad de actuaciones por supuestos defectos en la instrucción, que, a su juicio, originaron lagunas y falta de orden en todo el procedimiento con perjuicio para sus representados.
De este modo, los abogados alegaron contra las escuchas telefónicas, los registros domiciliarios y la declaración de los procesados en sede judicial y pidieron la nulidad de la investigación por supuestamente no existir autorización para abordar el barco.
Acusación
En su escrito de acusación, el Ministerio Público recoge que los procesados "estructuraron sus relaciones" con "un esquema de actuación piramidal" para "participar lucrativamente en la importación de un cargamento de cocaína" llegado a España por vía marítima.
Por ello, la Fiscalía solicita 9 años de prisión para cuatro de los seis coordinadores del operativo y 200 millones de euros en multas, y para los otros dos pide 12 años de prisión y 340 millones de euros en sanciones. Para el resto de los procesados solicita penas de entre 10 y 13 años y medio de prisión, y sanciones de entre 200 y 340 millones de euros.
En los primeros momentos de la investigación existieron indicios de que Manuel Charlín y uno de sus hijos participaron en los preparativos y la coordinación de un transporte de droga desde Sudamérica. Posteriormente, en el momento de cerrar la instrucción, el juez acordó seguir la causa contra 21 personas de las 30 inicialmente vinculadas al caso, de forma que la archivó con respecto a nueve personas entre las que se encontraban Charlín y uno de sus hijos.
Mediante la investigación policial, que se desarrolló durante varios meses, el 7 de agosto de 2018 se llevó a cabo el abordaje del remolcador ‘Titán III’ y se detuvo a sus cuatro tripulantes. En su interior se halló un cargamento que superaba las 1,7 toneladas de cocaína, con una riqueza media del 84,8% y un valor en el mercado ilícito de al menos 59,2 millones de euros.
Al día siguiente, se interceptó un segundo barco, el pesquero ‘Sempre Cacharelos‘, que se encontraba a 110 millas del punto de encuentro "concertado para el trasvase de la droga que debía recibir" del remolcador. En las siguientes horas se produjeron las detenciones del resto de los investigados.