PONTEVEDRA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) –

El Tribunal Supremo ha ratificado el fallo anterior del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en el que se establecía, al igual que hiciera el Juzgado de lo Social, la existencia de una relación laboral entre 38 becarios y la Diputación de Pontevedra.

El secretario comarcal de Comisiones Obreras (CC.OO.) en Pontevedra, José Ramón Piñeiro, ha sostenido que esta nueva sentencia demuestra "con contundencia y con toda la claridad" que la Diputación utilizó, "de forma fraudulenta", a los becarios para que "hicieran labores propias de personal laboral con la intención de abaratar costos de personal y de realizar pagos de favores".

Piñeiro ha recordado que Comisiones Obreras ya advirtió en su momento al Gobierno Provincial de que "se estaban utilizando a los becarios para realizar trabajos que correspondían al personal laboral" y que, "este sindicato no permitiría este fraude", algo que fue corroborado por la Inspección de Trabajo que cambió el epígrafe de los becarios en las cotizaciones a la Seguridad Social, pasándolos a personal laboral.

De esos 200 becarios que realizaban prácticas laborales a través de la Diputación, "en muchos casos por miedo a represalias del Gobierno", solo un pequeño grupo presentó las denuncias y 38 de ellos "a pesar de que la Diputación enredó el tema todo lo posible", consiguieron que con esta sentencia sean indefinidos, "sin posibilidad por parte del equipo de Gobierno de poder recurrirla".

Jose Ramón Piñeiro ha asegurado que el Supremo da la razón a las denuncias de Comisiones Obreras y "demuestra que el equipo de Gobierno está haciendo una política de personal nefasta e impropia de un gobierno socialista, no teniendo en cuenta la legalidad vigente e ignorando la negociación con los representantes del personal".

Según Piñeiro, esta actuación implica un desembolso importante "aparte de tener que crear las plazas de estos trabajadores". Ahora espera que "le sirva de lección" al Gobierno Provincial para que, a partir de aquí, "se cumpla la legalidad vigente y tengan en cuenta a los representantes de los trabajadores y de esta forma no se malgaste el dinero de los ciudadanos".