La Deputación de Pontevedra, la Irmandade Xurídica Galega y la Xunta de Galicia, junto a 35 ayuntamientos de la provincia, firmaron hoy sábado la Declaración de Pontevedra, manifiesto en el que se comprometen a fomentar el uso del gallego en las en las relaciones entre las corporaciones locales y la justicia. La presidenta Carmela Silva y la diputada de Lingua, María Ortega, aseguraron que este compromiso es un "feito histórico" en la normalización del idioma.

El manifiesto establece como objetivo normalizar el gallego como lengua del derecho y de las relaciones procesales y procesos en los que intervienen los ayuntamientos, así como el compromiso de que los representantes municipales soliciten a la justicia que las resoluciones sea notificadas en gallego. El texto también recoge que, desde ahora, las contrataciones de asesorías jurídicas externas por parte de los concellos deberán incluir una cláusula para que las actuaciones procesuales que se realizan en cada una de las corporaciones locales que firmaron la declaración sean en gallego.

El acto también sirvió para conmemorar el 50 aniversario del I Congreso do Dereito Galego. Silva destacó que el acto por la galeguización jurídica realizado hoy "é imprescindible" para hablar de la situación del idioma, "o armazón do país e sen ela dificilmente se pode construír un pobo e o seu pensamento".

Marta Ortega, por su parte, insistió en que el ámbito de la justicia es un área en la que todavía es preciso dar muchos pasos y agradeció la sensibilidad de los firmantes. "Hai que rachar con esta situación e mover os marcos da lingua, remediar as inercias do pasado e xuntar sinerxias entre todas as administracións para acadar unha maior unidade de acción na defensa do galego”, señaló Ortega.

El secretario general de Política Lingüística, Valentín García, señaló la necesidad de desarrollar herramientas informáticas y de trabajo para las personas del ámbito judicial, mientras que el presidente de la Irmandade Xurídica Galega, Xaquín Monteagudo, hizo un recorrido por las conquistas del gallego en el mundo jurídico y administrativo. "Galiza é un país en construción e o galego é o formigón armado para construírmos o país. Por iso temos que coidalo", concluyó.

"O galego non é unha lingua minoritaria, senón minorizada", aseguró por otro lado la magistrada Paz Filgueira, que considera que las instituciones "teñen unha débeda histórica". La abogada Ana Mosquera, por su parte, aseguró que las personas vinculadas al mundo de la justicia que quieren hacer su trabajo en gallego pasan más trabajo porque deben traducir formularios y no tienen herramientas informáticas ni aplicaciones para hacerlo.