SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) –
El Ministerio Fiscal pide 18 meses de cárcel y la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas para la alcaldesa del municipio ourensano de A Bola, Maria Teresa Barge, por no poner fin a un vertido de aguas residuales en un polígono de la ciudad.
Se le imputa, en calidad de autora, un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. El caso se juzgará el miércoles en el Juzgado de Instrucción nº1 de Celanova.
Según se recoge en el escrito de Fiscalía, la regidora tuvo conocimiento de la existencia de una fosa séptica, de titularidad municipal, en la localidad de Pondentes, donde vierten las aguas residuales de siete viviendas particulares, el Centro de Salud de A Bola y la residencia de mayores, sin la correspondiente autorización de vertido otorgada por la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS).
Así, "la acusada, con dejación de sus funciones y a sabiendas del deterioro producido al medio ambiente, no interesó la concesión de dicha autorización, no sometió dichas aguas a tratamiento depurativo simple o primario (físico-químico), ni realizó obras para derivarlas a un colector público, vertiéndose dichas aguas residuales en el arroyo de Porto".
A raíz de estos hechos, se le incoaron al Ayuntamiento varios expedientes sancionadores por parte de la CHMS y varias denuncias por parte de los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona).
Los análisis revelaron micoorganismos como Escherichia coli y otros coliformes, indicadores de contaminación fecal, "ocasionando un daño sustancial en la calidad de las aguas del arroyo de Porto". De la misma forma, se ocasionaron daños al medio ambiente en la finca del polígono, parcialmente tasados en 1.150,40 euros y cuya reposición a su estado anterior el momento de inicio del vertido supondrían un coste de 5.011,35 euros.
Delitos y penas
Así las cosas, se acusa a la alcaldesa de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por realización de vertidos en calidad de autora. Por ello, piden un año y seis meses de prisión, con una multa de ocho euros diarios durante 12 meses.
También solicitan la inhabilitación especial para el ejercicio de funciones públicas durante 18 años y el pago de las costas procesales.
En lo que respecta a la responsabilidad civil, la acusada –y subsidiariamente el Ayuntamiento– deberá indemnizar al dueño de la parcela con 1.150,40 euros por los daños medioambientales ocasionados en su propiedad, y a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil en la cantidad de 5.011,35 euros por los gastos ocasionados para la reposición del lugar a su estado original.