El juzgado de instrucción de Trives abrió diligencias penitenciarias por delito ambiental contra la empresa y directivos de la mina de la Penouta, en Viana do Bolo, tras la denuncia de Ecologistas en Acción.
La organización ecologista presentó una denuncia contra la mina de la Penouta, propiedad de la empresa canadiense Strategic Minerals Europe, después de que los análisis realizados por un laboratorio acreditado por la administración hidráulica, en el entorno de la explotación minera, mostraran niveles alarmantes de concentración de metales pesados.
Según estos análisis, en uno de los arroyos situados aguas debajo de la mina, localizada dentro de la Red Natura 2000, los valores de cadmio, sustancia tóxica y cancerígena, superaban 112,5 veces el valor máximo permitido por las normas de calidad ambiental. Además, los valores de arsénico también estaban 30 veces por encima del nivel legalmente permitido.
Los análisis revelan además que los niveles de metales pesados son más altos de los que la empresa minera había medido hace 10 años, con anterioridad al inicio de la explotación, de modo que la contaminación no puede atribuirse a la antigua actividad de los años 80.
Por eso, en la denuncia formulada tanto contra la empresa minera como contra los principales directivos de Strategic Minerals, se exponen que estos serían presuntamente responsables de un delito contra lo medio ambiente y los recursos naturales, en su modalidad agravada de riesgo para la salud de las personas.
Negativa de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil
Estos hechos se pusieron también en conocimiento de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, organismo competente en la custodia de la calidad del agua. Una vez iniciadas las diligencias judiciales, Ecologistas en Acción solicitó información a dicho organismo sobre los muestreos realizados en el año en curso, para así incorporarlas al expediente abierto en el juzgado de instrucción de A Pobra de Trives.
A pesar de la importancia de esta información para el proceso judicial, el Comisario de Aguas y el Presidente de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil se negó a facilitar los informes con los resultados de sus muestreos, contraviniendo la Covención de Aarhus que garantiza el acceso a la información sobre emisiones al ambiente.
"Presentamos un recurso de alzada ante la negativa de la Confederación de dar acceso a información ambiental, pero la respuesta del organismo fue a mantener la ocultación de los datos analíticos. No vamos a consentir esta opacidad, cuando además la empresa minera anunció tener conocimiento de los informes de los últimos muestreos de la Confederación Hidrográfica. Están impidiendo la acción de la Justicia", declara Cristóbal López, portavoz de Ecologistas en Acción, quien además asegura que están estudiando medidas judiciales contra el oscurantismo de la Confederación Hidrográfica.