VIGO, 15 Jun. (EUROPA PRESS) –

Los dueños de la discoteca Villa Rosa de Baiona (Pontevedra), que se enfrentan a penas de prisión y multa, por los ruidos que supuestamente ocasionaba el local y los perjuicios causados a un matrimonio que vivía al lado, han mantenido este miércoles que el establecimiento cumplía la normativa y que siempre atendieron a todos los requerimientos que tuvieron por parte del Ayuntamiento.

El juicio se celebra en la sala de lo Penal 3 de Vigo, y se sientan en el banquillo de los acusados el empresarios hostelero Ezequiel S.G., y su hijo, Ezequiel S.S. Asimismo, está acusada la empresa dueña de la discoteca, para la que la Fiscalía pide una multa de 360.000 euros y el cierre definitivo del local.

Según ha señalado en su declaración Ezequiel S.S., recibió un requerimiento para hacer una serie de obras en la discoteca, trabajos que fueron llevados a cabo. Asimismo, ha señalado que sus equipos de música contaban con limitadores acústicos, como ordena la normativa y que "los únicos" que se quejaban del ruido eran los denunciantes.

Este acusado ha subrayado también que la contaminación acústica no procedía del local, y ha recordado que, en las inmediaciones del mismo, es habitual que haya grandes concentraciones de personas y grupos "haciendo botellón", que serían los causantes de esos ruidos excesivos.

Se reunieron con uno de los demandantes

Su padre, que también ha prestado declaración como acusado, ha señalado que las decisiones relativas a Villa Rosa se tomaban por parte de "los abogados y los técnicos", y que era su hijo el que conocías las gestiones, porque él, que también es dueño de varios hoteles en Baiona, iba "muy poco" por la discoteca.

Los acusados reconocieron que, cuando tuvieron conocimiento de las quejas y denuncias de los afectados, se reunieron con uno de ellos en un restaurante y trataron de llegar a una "solución". "Pero no valió para nada, nunca dieron pie a arreglarlo", ha señalado uno de los procesados.

Por otra parte, el representante de la sociedad propietaria de Villa Rosa, Alfredo R.M., ha señalado que las actuaciones llevadas a cabo eran siempre con asesoría de un equipo jurídico, y ha deslizado que el matrimonio denunciante, en realidad, no tenía su vivienda enfrente a la discoteca, como alegan, sino que ese inmueble era "un negocio" de alquiler de apartamentos turísticos.

"Ruido infernal"

Mientras, el matrimonio que denunció a los dueños de la discoteca también ha prestado declaración como testigos este miércoles, y ha señalado que, "ya desde el principio", cuando adquirieron el inmueble situado frente a la discoteca, tuvieron problemas por el "ruido infernal" del local por las noches.

Según su testimonio, vivieron en un ático de ese edificio (el resto de apartamentos los tenían alquilados como viviendas) desde 2014 hasta 2018, cuando cambiaron su domicilio por no poder soportar las molestias.

De hecho, han señalado que, mientras ése fue su domicilio, trasladaban a sus hijas pequeñas a casa de sus abuelos cuando el local abría, para que pudieran descansar. "Era algo que no se puede describir, hasta los vasos y ceniceros se movían solos con la vibración", han asegurado.

Este matrimonio ha señalado que interpuso varias quejas y denuncias, pero que la discoteca mantenía su actividad, y ello a pesar de los requerimientos por parte del Ayuntamiento, una circunstancia que atribuyen al hecho de que la entonces concejal de Urbanismo, es hija y hermana de los acusados. "Acabamos denunciando también ante la Guardia Civil, por la pasividad enorme del Ayuntamiento", han afirmado.

Presiones para retirar las denuncias

Los denunciantes encargaron informes a una empresa privada, para que hiciera mediciones acústicas en su domicilio y en el entorno del local, y contrataron a un detective privado. "Incluso los invitamos a pasar una noche en nuestra casa, para que comprobaran que no mentíamos, pero no quisieron", han aseverado, al tiempo que han explicado que recibieron presiones para retirar las denuncias.

Este matrimonio ha explicado que, debido a la falta de descanso por los ruidos, sufrieron diversos perjuicios en su salud y que siguen en tratamiento. El marido ha explicado que fue despedido de su trabajo porque se quedaba "dormido" en su puesto de recepcionista en un gimnasio.

El juicio continuará en los próximos días, con la declaración de más testigos, entre ellos agentes de Policía Local que acudieron a hacer mediciones acústicas; peritos técnicos; el detective privado contratado por los denunciantes; y forenses, entre otras comparecencias.

La Fiscalía pide para cada uno de los acusados 4 años de cárcel por un delito contra el medio ambiente y uno de lesiones, así como multa de 84.000 euros, y que indemnicen al matrimonio en 78.000 euros (más los gastos médicos). También reclama que la sociedad dueña del local sea condenada a pagar multa de 360.000 euros y el cierre definitivo de la discoteca.