Los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, han presidido este lunes en el puerto de Vigo el acto de entrega a la Guardia Civil de la última de las cuatro patrulleras de nueva construcción, bautizada como Río Luna, y que se destinará a labores de inspección pesquera. Al acto ha asistido también el alcalde de Vigo, Abel Caballero.

En la construcción de las cuatro embarcaciones el Gobierno ha invertido un total de 26 millones de euros, financiados con fondos Next Generation de la Unión Europea. Esta renovación y modernización de la flota de inspección pesquera está incluida en el Plan de Impulso a la Sostenibilidad, Investigación, Innovación y Digitalización del Sector Pesquero enmarcado en el Plan de Recuperación. Transformación y Resiliencia (PRTR).

Por su parte, el astillero Armón, responsable de la construcción de los buques, ha pedido al Gobierno durante el acto de entrega de la última de las cuatro embarcaciones la revisión del precio de contratación debido al incremento de los costes de producción durante el año 2022.

Según ha informado Europa Press, el copresidente del grupo naval, Laudelino Alperi, ha trasladado su agradecimiento al Ejecutivo pero ha alertado sobre una "diferencia jurídica" en el contrato de obra y ha instado a la revisión de los precios, ya que se trató de encargos hechos "a medida" que sufrieron modificaciones debido a las circunstancias.

Garantizar derechos y libertades en el mar

El ministro del Interior ha recordado que "no solo en tierra prevenimos y perseguimos delitos" sino que también el mar es escenario de "agresiones y actos ilícitos". Así, ha reivindicado la “impecable” trayectoria del Servicio Marítimo de la Guardia Civil que, desde su creación en el año 1991, "lleva más de treinta años protegiendo el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizando la seguridad ciudadana en nuestros mares y océanos", en apoyo de las más de ocho mil embarcaciones que forman parten de la flota pesquera española. 

El ministro Planas, por su parte, ha destacado que estos nuevos medios materiales son necesarios para que España consolide su posición de liderazgo mundial en la lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada.

Ha señalado que, gracias a esta colaboración entre ministerios -que se plasma cada año en el Plan Anual de Control Integral de las Actividades Pesqueras y por el que se modernizan los medios de vigilancia pesquera de la Guardia Civil, "damos mayor seguridad a un sector pesquero responsable, que cumple con las normas y ofrece mayores garantías a los consumidores".

Según datos aportados por el ministro Planas, en el año 2022 la Secretaría General de Pesca realizó 9.088 inspecciones, para las que en un buen número de ellas contó con la colaboración y apoyo de la Guardia Civil. Estas actuaciones conjuntas han permitido detectar capturas de especies prohibidas, ventas de pescado inmaduro, utilización de artes de pesca no reglamentarias o furtivismo.