En previsión de la celebración de las elecciones autonómicas el próximo 18 de febrero, la Comunidad de Montes de Tameiga ha solicitado reuniones con los candidatos al Parlamento de Galicia de los principales partidos políticos: PPdeG, BNG, PsdeG-PSOE, y Sumar.

El objetivo es tratar tanto los problemas como las posibles soluciones que proponen las formaciones políticas para dos cuestiones principales: el proyecto Galicia Sport 360 del Celta en Mos y la modificación de la Ley de Montes Vecinales en mano común, ambas primordiales para Tameiga.

En el caso del proyecto del Celta, los comuneros denuncian que supondría una amenaza para unos 300.000 metros cuadrados de monte, terrenos calificados como suelo rústico de especial protección y gran valor ambiental, paisajístico y patrimonial. Desde la comunidad de montes destacan en un comunicado remitido a los medios, que esta superficie "supone un pulmón verde para Mos y toda el área de Vigo" y que "abastece de agua directamente a más de 5.000 personas".

Además, han destacado que el GS360 tiene "contestación social", en referencia a los más de 4.000 alegatos en contra de la declaración del proyecto como de interés autonómico por parte Xunta de Galicia. Esta declaración inicial, señalan, "abre la puerta a la expropiación del monte comunal de uso público para beneficio privado".

Por ello, se oponen a la realización del proyecto en el emplazamiento previsto e instan a la Xunta a que atienda los alegatos y no valide la declaración de interés autonómico.

Modificación de la Ley de Montes

Por otro lado, también demandan conocer la postura de los partidos políticos sobre la propuesta de modificación de la Ley de Montes Vecinales en mano común y la autonomía de la comunidad de montes para gestionar los terrenos de su propiedad, también los industriales.

Una autonomía que, según indican, "está ahora siendo puesta en cuestión por algunos empresarios y la Xunta de Galicia" y demandan que "no se legisle a sus espaldas". También demandan el cumplimiento de la legislación de montes vecinales que otorga la capacidad para negociar con los agentes económicos los diversos usos del suelo y, por último, que prevalezca la legislación de montes sobre cualquier otra legislación de fomento económico o simplificación administrativa.