La Audiencia Provincial de Pontevedra ha rechazado este viernes suspender el juicio contra los 28 acusados por el alijo de 3,8 toneladas de cocaína transportadas por el buque MV Karar en abril de 2020, en plena pandemia de Covid, a pesar de las peticiones de las defensas, que reclamaron la suspensión hasta que reciba el alta médica el principal testigo policial (un exjefe de Greco que actualmente ésta investigado por un juzgado de Murcia por su presunta vinculación con redes de narcotráfico).

La sala, según recoge Europa Press, ha resuelto que no se aprecian causas para suspender el juicio, al tiempo que ha informado que resolverá, ya en sentencia, acerca de todas las cuestiones previas planteadas por las partes en las primeras jornadas del juicio, que se está celebrando en la sección quinta de la Audiencia, con sede en Vigo. De este modo, el lunes continuará la vista con el interrogatorio de los acusados.

En el banquillo se sientan los 15 tripulantes del MV Karar, todos de Nepal y Bangladesh excepto un gallego, además de otras trece personas arrestadas en tierra, entre quienes están el considerado líder de la organización, Juan Carlos Santórum; su hermano y otras personas de su entorno; o un funcionario del Servicio de Vigilancia Aduanera y su mujer.

En la jornada de este viernes, el Fiscal ha presentado sus alegaciones respecto de las cuestiones previas planteadas por las defensas, que impugnaron o pidieron la nulidad de diversos autos y actuaciones, argumentando, entre otras cosas, que se habían vulnerado derechos fundamentales de sus representados.

Asimismo, las defensas habían solicitado que se suspendiera el juicio hasta que el exjefe del Greco, que está de baja médica, pudiera prestar declaración, ya que se trata de un testigo fundamental. De hecho, varios abogados han puesto en duda sus actuaciones en este procedimiento, a la vista de que está siendo investigado por un juzgado y hay "indicios" de su presunta relación con varios delitos.

Alegaciones del Fiscal

En su intervención, el representante del Ministerio Público ha respondido a los argumentos esgrimidos por las defensas apuntando que no se vulneraron los derechos de los procesados y que las actuaciones que se llevaron a cabo estuvieron plenamente autorizadas y motivadas.

Al respecto, ha subrayado que la investigación "operativa" de este caso estaba abierta desde 2019 y que había ya actuaciones policiales antes de que la DEA informase a la Policía de sus sospechas sobre el transporte de cocaína en el MV Karar desde Panamá a España y de la presencia de un gallego entre los tripulantes del barco.

Asimismo, ha remarcado que había "indicios" para justificar actuaciones como las intervenciones telefónicas o las vigilancias, y ha recordado, entre otras cosas, que se documentaron los movimientos preparatorios para recibir el alijo, o que la organización tomaba "especiales precauciones" en el traslado de las planeadoras.

También ha rechazado las posiciones de las defensas que desvinculaban a los acusados del alijo, y el Fiscal les ha recordado, entre otras cuestiones, que en una de las naves registradas apareció una nota con las mismas coordenadas apuntadas en el puente de mando del MV Karar, o que existen conversaciones entre ellos en los que se refieren a "la merca".

El Fiscal ha negado que se haya producido indefensión de los investigados o que haya motivos de nulidad del procedimiento. "Todo lo que están planteando (las defensas) son fuegos artificiales (…) se contradicen a sí mismos", ha aseverado.

Delitos y penas

El ministerio público atribuye a todos los acusados un delito contra la salud pública en la modalidad de drogas que causan grave daño a la salud, con el subtipo agravado por el uso de embarcaciones y por tratarse de una red con contactos internacionales; y un delito de integración en organización criminal. A mayores, al matrimonio acusado les imputa también un delito de blanqueo de capitales, y a un procesado al que le intervinieron una pistola, lo acusa también de tenencia ilícita de armas.

Para el cabecilla de la organización, pide la pena de 18 años y medio de prisión, así como una multa de 438 millones de euros; mientras que, para el resto, solicita 13 años y medio de cárcel (dos años más para el investigado por tenencia de armas) y dos multas de 400 millones de euros.

En el caso del funcionario de Aduanas, la solicitud de pena se incrementa en otros 6 años por el blanqueo y dos penas de inhabilitación total por un período de 20 años; para su mujer, la Fiscalía también pide la pena de cárcel por blanqueo, de manera que ambos se enfrentan a un total de 19 años y medio de prisión.

De los 28 acusados, 16 están ingresados en la cárcel: 14 tripulantes de Nepal y Bangladesh, el arousano Ismael C.B. (aunque está en prisión por otro procedimiento) y el ciudadano colombiano René R.R. En el caso de los tripulantes, el próximo 25 de abril serán excarcelados, al agotarse el máximo de cuatro años en prisión preventiva.