El 30 de abril de 2002 se notificó la desaparición de la joven viguesa Déborah Fernández-Cervera. Tenía 22 años. Diez días después, su cuerpo apareció semidesnudo y sin vida en una cuneta en la zona de O Rosal; desde entonces, su familia ha emprendido una larga batalla judicial para esclarecer qué ocurrió con Déborah y quién fue el responsable de su muerte. Sin embargo, más de dos décadas después, los avances siguen sin ser concluyentes.

Su familia compartía este martes 30 de abril unas fotografías de la joven en la cuenta de Instagram ‘Justicia para Déborah’, acompañadas del siguiente título: "22 años sin ti y sigue doliendo. Me quedo con que siempre me acompañas, a cada paso". Dicho perfil en redes ha sido empleado durante todo este tiempo para difundir las novedades del caso y recabar apoyo social.

Tras dos décadas, parece que la instrucción de la muerte de Déborah se acerca a su fin. En marzo de este año se realizaron las últimas diligencias pendientes de la investigación: un informe pericial sobre el teléfono de la joven (en el que la policía determinó que no se pueden extraer de él datos sobre llamadas o contactos, después de que el móvil estuviera 20 años en paradero desconocido) y una prueba de cotejo del ADN del único investigado en la causa, el exnovio de Déborah.

No es la primera vez que el hombre se somete a las pruebas, pero en las ocasiones anteriores no se llegó a obtener ningún resultado. En el año 2002 se tomó la muestra de manera irregular y en el año 2010 no se analizó la prueba recogida. A la espera de conocer el resultado, la familia de Déborah ya ha manifestado que no confía en que se dicte auto de apertura de juicio y piden desde hace meses el archivo del procedimiento debido a las irregularidades de la investigación.

La prórroga de la instrucción determinada por el juzgado abrió el pasado mes de enero y terminará en junio al cumplirse los seis meses, si no se decide cerrar antes la causa.