Manuel Pedro González Rubio, uno de los supuestos "correos humanos" del narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, y que fue uno de los encargados de sacar de España con destino a Colombia casi 900.000 euros, ha desvinculado al narco de ese dinero, asegurando que esa cantidad es suya.

En un escrito remitido a la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, al que ha tenido acceso Europa Press y que llega a escasos días del arranque del juicio contra Sito Miñanco y casi medio centenar de personas, González Rubio sostiene ahora que "el dinero era y es en realidad" suyo.

Una versión diferente a la que declaró como investigado en 2020 durante la instrucción, ya que aseguró que ese dinero que transportaban varios correos humanos, familiares suyos, escondido en maletas se lo había metido otro de los encausados, Manuel Puentes Saavedra.

Ahora, González Rubio regresa a la primera declaración que realizó tras ser detenido y vuelve a sostener que el dinero en realidad era suyo. Su defensa dice que ese dinero "depositado a efectos de responder a las responsabilidades que eventualmente se deduzcan", hasta que haya sentencia "es propiedad de las personas a las que se les ha incautado, reconociendo las mismas que el dinero era y es en realidad de Manuel Pedro González Rubio", dice su defensa.

Y añade una solicitud, que el dinero de su propiedad "se dé en pago a los tres policías nacionales" que resultaron heridos en un tiroteo que protagonizó para que así se haga frente a la responsabilidad civil.

Para González Rubio, la Fiscalía interesa 43 años de cárcel por los delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documento oficial, homicidio en grado de tentativa, lesiones, tenencia ilícita de armas y atentado contra agentes de la autoridad.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press consideran que este cambio de criterio es relevante y que podría afectar de lleno en la acusación que se mantiene en esta causa contra el abogado Gonzalo Boye, al que el fiscal pide casi 10 años de cárcel por blanqueo. Explican que si el dinero era de González Rubio, supone que no era de Sito Miñanco y por tanto no era dinero a blanquear para el narcotraficante.

Operación 'Mito'

La Audiencia Nacional (AN) ha señalado para el 18 de noviembre el arranque del juicio, y que en el mismo se sientan en el banquillo tanto Boye como Sito Miñanco y otras 46 personas físicas y 5 jurídicas por su presunta implicación en la 'operación Mito'. La Fiscalía Antidroga pide 31 años y 6 meses de prisión para el marcotraficante gallego y 9 años y 9 meses de cárcel para el abogado.

Boye, en concreto, fue procesado por la instructora por un presunto delito de blanqueo de capitales. Todo ello por su supuesta participación en el operativo para recuperar 889.620 euros que la Policía había incautado a presuntos miembros de la organización de Sito Miñanco en el aeropuerto de Madrid Barajas.

Estos 'correos humanos', que llevaban el dinero oculto en maletas para moverlo hacia Colombia, fueron detenidos en febrero de 2017 en el aeródromo madrileño. Entonces, según el relato de la magistrada, los 'narcos' contactaron a Boye y otro abogado, Jesús Morán Castro, para que elaboraran unos documentos que justificaran el origen legal del dinero.

Boye y otros dos abogados se sentarán en el banquillo por su presunta implicación en la elaboración de documentos y contratos de compraventa de letras de cambio para recuperar el dinero aprehendido por la Policía.

Este proceso arrancó fruto de la conocida como operación 'Mito', centrada en la red que presuntamente dirigía Sito Miñanco y que intentó introducir sin éxito en España más de 4.000 kilos de cocaína en dos operativos diferentes que fueron truncados por los investigadores que le seguían la pista desde 2016.

Esa organización, según la juez, se dedicaba principalmente a la importación y distribución de sustancias estupefacientes (especialmente cocaína) y al blanqueo de capitales.

Así, mientras algunos miembros de la red se encargaban exclusivamente de facilitar el dinero en 'b', un tercero utilizaba falsos créditos entre familiares para justificar la entrega de ese dinero en sus cuentas, mientras que otro integrante utilizaba su empresa de seguridad para emitir facturas falsas.