La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha acordado conceder el amparo solicitado por el periodista de RTVE y director del programa 'La Noche en 24 horas' de TVE, el gallego Xabier Fortes, por lo que consideran un "ataque a la libertad de expresión y de información, así como a la independencia profesional, que supone la querella presentada por Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso".

Fortes denunció la semana pasada que el abogado de González Amador le había comunicado "comunica un acto de conciliación previo a la interposición de una querella por injurias y calumnias a su patrocinado" al haberse referido a él en el programa como 'autor confeso de un fraude fiscal'.

El periodista pontevedrés justificaba esta definición ya que la propia pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid "reconoce en un documento remitido a la fiscalía que 'ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública'".

Así, el letrado le exigía una rectificación, una declaración expresa de no volver a utilizar esa expresión y una indemnización por valor de 5.000 euros.

Este martes, la FAPE ha declarado que considera que la demanda, dirigida también contra los periodistas Enric Juliana y Luis Arroyo, que participaron en este programa, "atenta" contra unos derechos fundamentales como la libertad de expresión y de información y "tiene un carácter directamente intimidatorio y de presión contra el director del programa y los periodistas que participan en el mismo".

Además, añade que "va en sentido opuesto a la legislación europea en materia de SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation), que se refiere a las acciones judiciales abusivas destinadas a silenciar a profesionales con capacidad y derecho de crítica pública y establece garantías ante ellas (directiva 2024/1069 del Parlamento Europeo)".

Por esto, la Federación reprueba "taxativamente la actitud de quienes no respetan el trabajo de los profesionales de la información al tiempo que condena los intentos de amedrentar con actuaciones de este tipo. La FAPE ha condenado reiteradamente estas conductas y no va a dejar de denunciarlas porque suponen un atentado contra las libertades recogidas en el artículo 20 de la Constitución Española".

"Desde la FAPE consideramos que la justicia debe salvaguardar la libertad de expresión y el derecho a la información. La legislación europea contempla mecanismos para archivar de manera acelerada este tipo de demandas y sancionar a los que las utilizan. El periodismo consiste en garantizar con honestidad el derecho ciudadano a recibir una información veraz", ha concluido.