La Xunta de Galicia ha remitido al Ministerio de Educación los alegatos al proyecto de real decreto del Gobierno del Estado de características básicas de la prueba de acceso a la universidad, ABAU, a partir del curso 2023/24, y que se encuentra en fase de información pública.

La propuesta de Galicia se centra en una serie de aspectos enfocados a garantizar la equidad y la igualdad entre los estudiantes, independientemente de su comunidad de origen, a través de un marco de análisis y unos criterios de evaluación homogéneos con niveles de exigencia y corrección similares. La Consellería de Educación reitera su reivindicación de una prueba única en el conjunto del Estado ya que esa sería la vía "capaz de garantizar completamente la equidad, la igualdad de oportunidades y una justa concurrencia competitiva en el contexto de distrito único de acceso a la universidad".

Así pues, en lo referido al artículo 4.3 de este borrador de real decreto que alude a procedimientos "de coordinación destinados a homogeneizar la estructura general, los ejercicios y los criterios de evaluación", el Gobierno gallego considera que esta redacción, tal y como está, tan solo ofrece un marco general y "esquiva" uno de los problemas centrales a la hora de asegurar la equiparación de la prueba entre los distintos territorios, puesto que en la práctica "permitiría que un mismo grupo de profesionales pudiera elaborar para una misma materia exámenes de niveles de dificultad diferentes".

Propuestas

Para atajar esa posible desigualdad, la Xunta propone que la redacción de este artículo incluya de manera explícita que la elaboración de exámenes de las materias debe hacerse "mediante un control estandarizado de las pruebas que permitan homogeneizar su grado de dificultad".

Además, demanda la creación de una comisión a nivel estatal encargada de homologar "las pruebas de cada comunidad autónoma como paso previo a su realización". Esta comisión, que se regularía a través de un nuevo artículo 4.bis, deberá estar constituida por un grupo de expertos "con sólida formación en la elaboración de los exámenes" y que, además del control previo de homologación de las pruebas a nivel estatal, también se encargará de revisar "las cualificaciones obtenidas en todas las comunidades con la finalidad de ajustar los parámetros que preserven el principio de igualdad en el acceso a la universidad".

Por otro lado, la Xunta también pide que se aclare el régimen transitorio establecido en el borrador de real decreto. Tal y como está redactado, explican, genera "cierta confusión" al decir, por una parte, que el nuevo modelo se implantará en el curso 2023/24 y, por otro lado, remitir a un proceso temporal "intermedio" sin establecer ningún marco temporal.

Por lo tanto, el Gobierno gallego pide que se especifique con total claridad el período de transitoriedad del modelo segundo el actual borrador, hasta cuándo durará dicha transitoriedad y en qué consistirá y cuándo se implantará el modelo definitivo.