El sector pesquero que representa a las flotas de bajura, altura y gran altura que operan en caladeros españoles, comunitarios, así como otros lejanos, alerta de la grave incidencia que el alza de precios del combustible está teniendo en su economía y de sus posibles consecuencias. La Cooperativa de Armadores de Vigo (Arvi) ha emitido un comunicado en el que pide al Gobierno que aplique "medidas urgentes", pues el sector empieza a notar un importante empeoramiento de la crisis que arrastra desde hace meses.
"En el caso de las flotas que reciben el combustible en la península, la bonificación de 20 céntimos es insuficiente respecto al escenario de marzo", explican desde Arvi. "Los costes de combustible ya bonificado superan los 90 céntimos en Vigo y el límite de rentabilidad, calculado en 60 céntimos/litro", añaden.
Para las flotas con operativas fuera de España, asegura la Cooperativa, "la situación se complica aún más, ya que no se tiene acceso a la bonificación y tener que abonar un precio de gasoil notablemente superior al que rige en España (entre un 54% y un 93% si se considera la bonificación), hay un continuo incremento de los costes operativos y no hay una aplicación real de los principales apoyos que contiene el Real Decreto Ley 6/2022, tras más de dos meses desde su publicación". Por ello, Arvi asegura que se ha generado "una situación límite que hace valorar potenciales ceses de actividad a corto plazo".
Medidas urgentes
Ante este escenario, el sector afectado ha solicitado al Gobierno y a los Grupos parlamentarios que incorporen al proyecto de Ley de Medidas urgentes una prórroga del período de bonificación al combustible y que esta se extienda a la flota de bandera española que opera desde puertos no españoles.
Asimismo, piden que estos 20 céntimos por litro únicamente se apliquen a la flota española o a aquellas que tengan vínculos económicos con España, "evitando hacerlo a las que no hacen una contribución real de productos pesqueros a la cadena mar industria española".
También exigen que las ayudas activas en este momento tengan en cuenta los incrementos de los costes de explotación general, tanto a la hora de otorgarlas con mayor urgencia como elevando los máximos de las minimis hasta los 320.000 euros.
"El escenario de crecimiento de precios a corto y medio plazo, tanto en el caso de los combustibles como en el de los restantes costes de explotación y el especial impacto en la que opera desde puertos extranjeros, hacen precisas medidas específicas y urgentes que eviten la rotura de la cadena de suministro", insisten desde Arvi. "Esta rotura se provocará si unidades productivas consideradas esenciales, como son las flotas que garantizan la soberanía alimentaria de los mercados españoles, se ven obligadas a parar" de forma irreversible en muchos casos.
"Los consumidores y la ciudadanía europea no pueden permitirse el lujo de perder un sector esencial", advierten, por lo que piden a las autoridades europeas, nacionales y autonómicas que apliquen "medidas que permitan asegurar su supervivencia y futuro".